Maricarmen y la razón de ser de la izquierda
La crisis de la vivienda no ha comenzado con el caso de Maricarmen. Pero su desahucio ha hecho que resulte imposible seguir mirando hacia otro lado, al conectar una dramática historia individual con un profundo malestar colectivo.
Este malestar llevaba años gestándose. En la última década, los precios de la vivienda han crecido muy por encima de la renta de los hogares. Para algunos grupos sociales –particularmente para los jóvenes y para quienes viven de alquiler– la intensa creación de empleo y las mejoras salariales de los últimos años no se han traducido en una vida más desahogada. En el mejor de los casos han permitido seguir pagando el mismo techo, y en muchos casos ni siquiera eso ha sido posible.
Esta realidad opaca desde hace ya tiempo buena parte de los logros alcanzados por el Gobierno de Coalición, que no son pocos, y desequilibra el balance que la ciudadanía hace de esta experiencia de gobierno. Porque una expansión económica pierde legitimidad cuando una parte de la sociedad no participa de la prosperidad que se genera.
Las causas del problema son ya conocidas. En la última década la vivienda se ha convertido –en España y en toda Europa– en un activo de inversión, y la demanda que busca un lugar para vivir compite intensamente con la de quienes buscan obtener una rentabilidad y ampliar su patrimonio. Además, el ritmo de construcción tras la burbuja inmobiliaria de 2008 ha sido muy lento. Así, la intensa demanda para invertir y la débil respuesta de la oferta han llevado a que los precios se hayan disparado.
Para intentar paliar esta situación, el Gobierno de Coalición aprobó en 2023 la Ley de Vivienda, que ha mostrado luces y sombras. En aquellas Comunidades Autónomas donde se ha aplicado –Cataluña, Euskadi, Navarra o Galicia– se han contenido las subidas de los alquileres, frente a otras –como Madrid– donde estos han seguido subiendo intensamente. La regulación ofrece algunos resultados positivos, por tanto, pero es necesario dar cuenta de ellos sin simplificaciones, porque también ha conllevado que una parte importante de la oferta de alquiler se desplace hacia el alquiler de temporada. Este agujero –del que ya se advirtió en su momento– ha mermado la capacidad de la ley.
Además, y paralelamente, las “manos muertas del mercado” llevan años frenando la construcción. Como ha señalado Ignacio Ezquiaga en su libro El sistema ya no financia burbujas: escasez de vivienda y caída del crédito, hoy existe suelo en avanzado estado de desarrollo urbanístico suficiente para albergar cerca de tres millones de nuevas viviendas en áreas urbanas. No obstante, sus propietarios –entre otros, importantes fondos de inversión– no los orientan a la promoción y los mantienen congelados a la espera de una venta rentable, con la consiguiente restricción de oferta y subida de precios.
Con ello, la vivienda se ha convertido en un mecanismo que absorbe las mejoras salariales de amplios grupos sociales, amplía la desigualdad patrimonial y erosiona la credibilidad del gobierno progresista. Ahora bien, se ha abierto una ventana de oportunidad para cambiar esta situación.
El desahucio de Maricarmen ha supuesto un punto de inflexión en la conciencia ciudadana, espoleando una fuerte movilización social. Esta es una movilización que no distingue entre gobiernos y atribuye responsabilidades tanto a los gobiernos autonómicos como al gobierno de la nación. Pero, al mismo tiempo, es una movilización de carácter nítidamente progresista, que permite cambiar la conversación en el espacio público, resituándola allí donde la izquierda tiene más capacidad de intervención: el territorio de los derechos sociales. Si la izquierda es capaz de estar a la altura, esta puede ser una oportunidad para recuperar el tiempo y el terreno perdidos.
Al volver a situar el derecho a la vivienda en el centro de la agenda política, la movilización social obliga a que el gobierno tenga que actuar y a que lo haga con eficacia. Este es el auténtico parteaguas de la actual legislatura.
La movilización social refuerza la posición de quienes –dentro del Gobierno de coalición– abogan por medidas más ambiciosas y genera fuertes incentivos a la unidad de acción entre los partidos situados a la izquierda del PSOE, devolviéndoles protagonismo, un motivo y capacidad de intervención. Además, esta movilización eleva el coste electoral que sufrirá cualquier grupo parlamentario que pretenda oponerse a las medidas que se adopten.
La condición necesaria, en todo caso, para aprovechar esta oportunidad pasa porque el Real Decreto que ha de aprobar el Consejo de Ministros este martes esté realmente a la altura de las circunstancias.
En primer lugar, es imprescindible empezar a sentar las bases para ampliar la oferta de vivienda en España, pero no cualquier tipo de oferta servirá: urge terminar con las “manos muertas del mercado”, forzando la edificación en aquellos terrenos ya urbanizados que hoy tienen infraestructuras y comunicaciones suficientes, con el objetivo de construir un parque público de viviendas sociales.
Pero no nos engañemos, estas medidas –por muy bien orientadas que puedan estar– tardarán aún demasiado tiempo en producir resultados, y estos son imprescindibles en el corto plazo. Por ello, el gobierno debe asegurar medidas clave: regular el alquiler de temporada y por habitaciones, cerrando las vías que permiten utilizar estas modalidades para eludir las garantías del alquiler residencial; proteger la estabilidad de las personas que viven de alquiler, prolongando la duración de sus contratos –con una prórroga extraordinaria o con una nueva regulación–; y, también, limitar los incrementos que se pueden producir en los precios con la renovación de los contratos. Con ello, se priorizaría la función social de la vivienda y se podría frenar la fuerte demanda de inversión actual, reorientándola desde la compraventa de viviendas ya construidas hacia la promoción y edificación de vivienda nueva.
La izquierda encuentra su razón de ser cuando convierte la acción de gobierno en mejoras concretas de las condiciones de vida de la ciudadanía, especialmente de las clases trabajadoras. Pero esta no es sólo una oportunidad para que el Gobierno de coalición produzca resultados eficaces ante la crisis de habitabilidad que vive una parte de nuestro país. O una oportunidad para que una determinada izquierda protagonice y empuje nuevos derechos sociales, revitalizando los logros del Gobierno de Coalición. Esta es una oportunidad para cambiar la conversación del país, y para empezar a hablar de aquello que muchos votantes progresistas –y no progresistas– están demandando: qué hacer para garantizar nuestra democracia, cómo evitar que se deteriore, cómo ampliarla y profundizarla.