Primero bloquear, después ponerse la medalla
En varias ocasiones he dicho que la experiencia de gobernar junto con el PSOE es como conducir con el freno de mano echado. Por diferentes razones, dentro del cogobierno la fuerza mayoritaria torpedea y obstruye la mayoría de las propuestas que vienen por parte de la fuerza minoritaria. Esto ocurre tanto a niveles locales y autonómicos como, por primera vez a partir de 2020, también en el ámbito nacional. Por la naturaleza de la relación, lo normal es que esa obstrucción se produzca sobre propuestas que son demasiado ambiciosas para la fuerza mayoritaria, y que, por lo tanto, son frenadas por razones ideológicas. El problema es que la competencia por apropiarse de los éxitos del socio puede terminar siendo más importante que la voluntad de conseguir esos mismos éxitos. Y eso tiene consecuencias.
En estos últimos años hemos acumulado infinidad de ejemplos. Cualquier ministerio de Unidas Podemos o de SUMAR almacena un conjunto amplio de propuestas que han sido obstruidas o directamente vetadas, cada una de su ramo. En mi caso, se quedaron en el tintero bastantes leyes y reales decretos especialmente sobre alimentación, sostenibilidad ecológica y publicidad comercial. En los casos más serios las leyes llevaban tramitándose años pero, a la hora de la verdad y cuando se necesitaba el apoyo del PSOE para alcanzar el consenso requerido, aparecían los obstáculos por parte de otros ministerios que dejaban la ley en el limbo y la condenaban a una muerte segura con el fin de la legislatura. Los argumentos para ese freno no suelen ser muy consistentes, pero es lo de menos, porque la clave es que esas propuestas terminan no saliendo incluso aunque hayan sido anunciadas.
A veces se da la ironía de que el PSOE lleva esa propuesta, o alguna muy parecida, en su programa electoral. Y aun así, la paralización se produce igualmente. Me ocurrió a mí con la ley para regular la publicidad de alimentos dirigidos al público infantil; el PSOE lo llevaba en su programa, yo desarrollé la norma durante un par de años, pero no llegó a salir del gobierno por el veto de la parte mayoritaria, que se apoyaba en las quejas del ministerio de Industria y del de Agricultura —mucho más sensibles a los beneficios empresariales que a la salud de los menores—. Pero nada de eso impidió que en las campañas electorales que siguieron, Pedro Sánchez asumiera como suyo el discurso de defensa de los menores, que se hiciera fotos con los movimientos sociales que tal cosa también reclaman, y que apareciera ante el público como el principal valedor de normas como la que yo puse encima de la mesa. Aunque, en última instancia, él fuera el responsable de pararlas.
Hay una racionalidad detrás de todo esto. Por un lado, un gobierno de coalición está compuesto por dos espacios ideológicos diferentes así que es normal que haya interpretaciones distintas sobre lo que en cada momento necesita el país. Por decirlo de otro modo, la velocidad del cambio está continuamente sujeta a discusión. Por otro lado, incluso cuando se comparten propuestas no hay ningún interés por parte de la fuerza mayoritaria en conceder una victoria a su socio minoritario. Porque los socios cooperan, pero también compiten. Es ahí donde emergen estrategias comunicativas diferentes para apropiarse de la propuesta. El socio pequeño siempre corre el riesgo de que su ley sea apropiada por el socio mayoritario, que tiene recursos y capacidad de sobra para aparecer ante la opinión pública como el verdadero responsable de la nueva norma. Este es el terreno de juego de la legítima lucha dentro del gobierno por la narrativa, y es mucho más central de lo que parece porque es importante que los haberes de cada espacio queden claros ante sus futuros votantes.
Pero también puede ocurrir que primero se discrepe políticamente de la idoneidad de la norma —frenándose su aprobación— y que, sin embargo, en un determinado momento posterior, ambas partes consideren que es una oportunidad para aprobarla. Entonces la batalla política se convierte en una batalla comunicativa para hacer ver que ese mérito le corresponde a uno, y no al socio.
No creo que sea cinismo y, ni siquiera hipocresía. Por mi experiencia sé que los ministros del PSOE suelen ser más conservadores que el propio Presidente, porque mientras los primeros siguen un registro gris propio de gestores, Pedro Sánchez sabe que necesita un registro político que se aprovecha mejor si dispone de flexibilidad suficiente para presentar nuevos temas cuando aparecen las oportunidades. El caso más reciente y obvio es el de Vivienda, donde el ministerio correspondiente ha actuado durante años de una forma básicamente idéntica a como lo habría hecho uno del PP, pero cuando emergió el caso Maricarmen fueron Moncloa y Pedro Sánchez quienes reaccionaron rápidamente. Esa respuesta en forma de giro permitió poner encima de la mesa —y asumir como propias— cosas que habían negado durante las dos legislaturas completas. De hecho, por esa razón Moncloa es el “ministerio” más político de todos.
Pero está lógica también opera a nivel parlamentario. Yo tuve el honor de defender una proposición de ley sobre la eutanasia en el año 2017, que no prosperó porque el PSOE se abstuvo y no votó a favor. Tres años más tarde el PSOE presentó una proposición de ley muy parecida que sí se aprobó, porque Unidas Podemos sí votó a favor. Los cambios eran mínimos y, desde luego, no suficientes para justificar el cambio de voto en tan poco tiempo. La única explicación razonable era el oportunismo, es decir, la disputa por el protagonismo de una ley que tenía amplio apoyo social.
Sirvan todos estos ejemplos para contextualizar la última polémica electoral de la semana, a saber, que el PSOE ha copiado en campaña propuestas del Frente Amplio que habían sido bloqueadas en el consejo de ministros durante meses, como la prestación universal para la crianza o el endurecimiento del registro horario de la jornada laboral. De nuevo, hay una lógica política detrás de todo esto y son lances típicos de este juego político. El problema son los costes.
Porque debemos preguntarnos si la situación política —estamos al borde de un gobierno PP-Vox— hubiera sido diferente si muchas de estas propuestas no se hubieran frenado y, en consecuencia, no hubiéramos perdido un tiempo precioso en disputas de protagonismo. Seguramente esas muchas reformas no eran la panacea para evitar el crecimiento de las derechas, pero a buen seguro que haber tenido leyes más ambiciosas en vivienda, economía, trabajo y otros campos hubiera ayudado a que la oposición o indiferencia ante este gobierno no fuera tan alta en un momento tan crítico.
Y eso, en el fondo, es la clave de todo esto. Es probable que la estrategia del PSOE de adjudicarse propuestas que lleva vetando años le resulte rentable electoralmente. Al fin y al cabo la mayoría de la gente no sigue tan en profundidad la genealogía de las leyes y no valora quién fue el primero en proponer una medida popular. Recordemos que la mayoría de la gente ni conoce a los ministros, de modo que difícilmente puede llegar a hilar tan fino como para atribuir correctamente responsabilidades. En este sentido las voces que protestan por la doble vara de medir del PSOE tienen tanta razón como impotencia. El problema no es ese, que seguirá sucediendo y que obliga a estrategias comunicativas más audaces para los socios minoritarios, sino que existe un coste por no haber actuado antes. Y ese coste lo pagamos todos, no sólo los partidos.