Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
La portada de mañana
Acceder
Último cara a cara: Feijóo rebaja expectativas y Sánchez busca revancha
Las redadas policiales en Ceuta buscan migrantes hasta en supermercados
Opinión - 'Primero bloquear, después ponerse la medalla', por Alberto Garzón

Los bienes del conseller de Hacienda valenciano que baja el impuesto de Patrimonio a los ricos: 21 parkings, 9 viviendas, 5 locales y 4 hectáreas rústicas

El expresidente del Gobierno José María Aznar junto al conseller de Educación, Universidades y Empleo, Jose Antonio Rovira (i), a su llegada a la primera jornada del foro económico y empresarial Forinvest donde imparte la conferencia ‘Geoestrategia en el nuevo desorden mundial’.

Sergi Pitarch

València —
18 de noviembre de 2026 22:11 h

0

El conseller de Hacienda del Gobierno valenciano, José Antonio Rovira, tiene un patrimonio más que considerable a su nombre, datos que debe presentar ante Transparencia de la Generalitat, e integrado en una sociedad de gestión de alquileres y, por tanto, exento de declarar ante los órganos de supervisión de conflictos de intereses. Tras varias consultas al Registro Mercantil y al de la Propiedad, elDiario.es ha podido constatar que el político alicantino es propietario de 18 parkings, nueve viviendas, cuatro locales —la mayoría en Sant Vicent del Raspeig— y casi 40.000 metros cuadrados de terrenos rústicos en la Cañada del Fenollar, en Alicante. El conocimiento de su patrimonio es fundamental para la opinión pública, máxime cuando Rovira ha sido el impulsor de la tercera vuelta de tuerca fiscal del PP a los valencianos, que ha supuesto, entre otras cosas, incrementar de 500.000 a dos millones de euros el mínimo para tributar por el impuesto de Patrimonio, y ha aprobado una bonificación del 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, muy beneficios para las grandes fortunas.

El conseller, cuyo equipo no ha querido aclarar si abonó el impuesto de Patrimonio antes de las reformas del PP entre 2024 y 2026, declara ante las Corts ser propietario a título personal de tres viviendas al 100%, una cuarta al 50%, un local comercial y dos parkings. A nombre de la empresa, que declara en las Corts y a la que otorga un valor de 296.000 euros, tiene otros 18 parkings, otros cuatro pisos, una casa, casi 40.000 metros cuadrados de suelo rústico y cuatro locales comerciales. El más grande de estos locales tiene más de 1.100 metros cuadrados y en la actualidad lo ocupa un supermercado de la cadena de distribución alicantina Amano Supermercados. Los activos de la sociedad alcanzan los 2,5 millones de euros, muy lejos del valor que otorga a la sociedad ante Transparencia de la Generalitat.

La sociedad Rojo Inver, según el Registro Mercantil, es propiedad al cien por cien de José Antonio Rovira, aunque la administradora única es su mujer, María Consuelo Maluenda Quiles, también jefa de gabinete del presidente de la Diputación de Alicante del PP, Toni Pérez. Ambos llevan décadas encadenando puestos en el PP y en sus distintos gobiernos.

Rovira amasó una parte del patrimonio de la sociedad a principios de los años 2000, cuando por esos tiempos era director general de Personal de la Conselleria de Educación (2001-2007). Antes había sido ocho años concejal del PP en el Ayuntamiento de Alicante. En el año 2000 adquirió a nombre de la empresa los 39.930 metros cuadrados de suelo rústico en la partida de la Cañada del Fenollar, entre la ciudad de Alicante y la autovía A-7. En 2001 inscribió a nombre de la empresa una vivienda de 120 metros cuadrados y un parking, un local comercial de 162 metros también, una casa de 65 metros cuadrados con planta baja y primer piso, otro local comercial de 1.183 metros cuadrados que alquila a un supermercado y 18 parkings para alquilar, todo en el municipio de Sant Vicent del Raspeig. Un buen patrimonio para arrancar una empresa de alquiler de inmuebles que en la actualidad ingresa una media de 146.000 euros al año.

En el año 2003, la sociedad del conseller adquirió un local comercial de 49,1 metros cuadrados en Sant Vicent del Raspeig; en 2004, una vivienda de 112 metros cuadrados en el mismo municipio. Las compras no se retomaron hasta 2012, cuando la compañía adquirió una vivienda de 114 metros cuadrados y siguió en 2013, con la compra de un local comercial de 136 metros cuadrados. En esta etapa de adquisiciones coincidió el paso del político como director territorial en Alicante de la Conselleria de Educación. La última compra de la compañía de la que da cuenta el Registro de la Propiedad se realizó por parte de la empresa en diciembre de 2022: un piso de 74 metros cuadrados en el primer piso de un edificio de Sant Vicent del Raspeig.

Desde la Conselleria de Hacienda no han atendido, por segunda vez en una semana, las preguntas de elDiario.es sobre el patrimonio del conseller y su posible conflicto ético con las rebajas de los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones.

Una reforma fiscal de PP y Vox hecha para los ricos

El PP y Vox, en los tres años y medio de legislatura, se han apresurado a desmontar el sistema fiscal que aprobó el Consell del Botànic, formado por PSPV, Compromís y Podemos, para que los grandes patrimonios contribuyeran al sostenimiento de los servicios públicos. Así, en sus primeros presupuestos, los de 2024, el Consell de Mazón suprimió la escala transitoria del Impuesto de Patrimonio para los ejercicios de 2023 y 2024 que había aprobado el Botànic en sus últimas cuentas y que suponía incrementar un 0,25% la tarifa del IP a patrimonios en base liquidable (sin incluir la vivienda habitual o el patrimonio exento, como la empresa familiar o el despacho profesional) superiores a los 1,3 millones de euros.

En los siguientes presupuestos, los de 2025, aprobados en mayo de ese año, PP y Vox elevaron de 500.000 euros a 1 millón de euros el mínimo exento. El siguiente paso lo dieron en las cuentas de este año, ya con Rovira como conseller de Hacienda, aprobadas en julio pasado, que han supuesto elevar de 1 millón a 2 millones ese mínimo exento. De este modo, han librado del pago del IP a 23.000 de los 27.000 millonarios y grandes propietarios que lo pagaban con el Botànic.

En paralelo, PP y Vox han desmontado el impuesto que gravaba los grandes patrimonios heredados o donados. De hecho, la primera ley que aprobó el Consell de Mazón fue la que bonificó en un 99% la cuota del impuesto de sucesiones y también para las donaciones en vida, lo que supone una sangría anual de 231,5 millones, casi 1.000 millones por legislatura. Además, eliminaron de la ley las cláusulas antielusión para impedir la aplicación de la reducción de 100.000 euros entre parientes más allá de los padres o de los hijos mediante una sucesión en cadena de donaciones en un espacio breve de tiempo.

No solo eso, sino que se ha aprobado un calendario progresivo de bonificaciones en este impuesto para hermanos, tíos y sobrinos, además de una ampliación específica hasta el cuarto grado de parentesco (como primos) para empresas familiares anunciada por el president Juanfran Pérez Llorca. El objetivo final es dejar en nada el impuesto que en realidad con el Botànic solo pagaba el 12,7% de los herederos, es decir, unos 24.600 contribuyentes al año en la Comunitat Valenciana, sobre un total de aproximadamente 200.000 declarantes por herencias y donaciones.

Etiquetas
stats