Los dichosos ocho
No es por contraponer el título de la película de Tarantino, podría haberlo titulado igual, es cuestión de perspectiva; pero para la mía, que entiende el papel de las organizaciones sindicales más representativas como nuestra Constitución lo define, estos ocho años que preceden a la huelga general del 11 de noviembre son más dichosos que odiosos. En su artículo 7 la Carta magna reconoce a “los sindicatos de trabajadores (no a otros que adoptan el mismo nombre) y a las asociaciones empresariales su contribución a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios”. Y en su artículo 37.1 nos señala el mecanismo que la ley desarrollará para lograr esa contribución mediante “el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios”. La ley orgánica de libertad sindical establece los requisitos en cuya virtud se alcanza la condición de más representativo y les reconoce a estos el derecho a la participación institucional.
En estos ocho años se han celebrado elecciones sindicales en las empresas y en las administraciones públicas (como siempre desde la conquista de la democracia en España) para determinar la representatividad en las mesas negociadoras y el derecho a la participación en todos los ámbitos en los que está en juego la defensa y promoción de los intereses generales de los trabajadores. Como es sabido Vox ha creado un sindicato, como en su día hizo lo propio Podemos, con el argumento compartido por ambos de romper el duopolio sindical que representan UGT y CCOO, como rompieron antes el político PSOE-PP. También en ambos casos subyace el anhelo por superar el régimen del 78 incluyendo en el mismo a las organizaciones sindicales del “régimen” y más claramente la convicción de que ninguna de ellas responde a sus dictados, como así esperan que lo hagan unos y esperaban que lo hicieran los otros con sus respectivos sindicatos creados al efecto. Pero parece que la cosa ni cuajó ni cuaja. El PP más atento a los intereses de la contraparte patronal, con quien frecuentemente intercambia cuadros, simpatiza con la pléyade de sindicatos “independientes”, pero sea como fuere UGT y CCOO ostentan democráticamente la representación de más del 70% de los asalariados españoles.
Con ese aval negocian el 95% de los convenios colectivos, tanto de empresa como sectoriales, en donde se fijan los incrementos salariales, las reducciones de jornada, las condiciones de trabajo o la protección frente a los riesgos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras, afiliados o no, sin percibir por ello remuneración alguna, y así han seguido haciéndolo estos dichosos años. Con ese aval se han suscrito los Acuerdos para el Empleo y la Negociación Colectiva (IV y V AENC para los periodos 2018-2020 y 2023-2025) y no arranca la negociación del VI AENC porque la CEOE, que acusa a los sindicatos de estar en campaña electoral, parece estar a la espera anhelante de un nuevo Gobierno PP y Vox en el que, al menos, sugerir al titular del ministerio de trabajo. Con ese aval se han abordado momentos de enorme dificultad y alto riesgo, como el hacer frente a una pandemia que paralizó la actividad económica de raíz durante varias semanas y la situó a medio gas durante más de un año, y se hizo con éxito mediante la puesta en marcha de un número ingente de ERTE (expedientes de regulación temporal de emplkeo) que mantuvieron las rentas de asalariados y autónomos, protegieron el empleo y salvaron del cierre a la inmensa mayoría de las empresas con la inestimable ayuda de los recursos públicos proporcionados por el Estado español y la UE.
Con ese aval se presionó a la CEOE para negociar y suscribir el V AENC, pues una vez vencido el IV en 2020, con el argumento de la pandemia y la guerra en Ucrania, se negaban a hacerlo. De modo que en 2023 para hacer frente a una inflación galopante las organizaciones sindicales del “régimen” emplazaron a la CEOE a encontrar un acuerdo que fijase criterios en la negociación colectiva que lograra el difícil objetivo de mantener el poder adquisitivo de los salarios sin provocar inflaciones de segunda vuelta. La fórmula no fue otra que la de aceptar pérdidas de poder adquisitivo a cambio de cláusulas de revisión que actuaran al final del periodo pactado. UGT y CCOO asumieron con responsabilidad un sacrificio inicial de los salarios para garantizarse su revisión posterior y ayudar a contener la inflación, como así se produjo.
Con ese aval se pactó una reforma laboral con la CEOE que el Gobierno llevó al BOE, previo tortuoso paso por las Cortes en el que el inmarcesible despiste de un diputado del PP votando a favor consiguió que la reforma saliera adelante, con la que se ha logrado alcanzar cotas de estabilidad en el empleo que parecían imposibles, pasando de una temporalidad del 27% al 13%. Con ese aval se acaba de situar el SMI en 1.286 euros, un 75% más que hace ocho años; o se ha puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital, una iniciativa legislativa popular de los vilipendiados sindicatos con el apoyo de 700.000 firmas. Con ese aval se pactó también una reforma del sistema de pensiones en 2021 con la CEOE y el Gobierno (y el voto en contra de PP y Vox) que garantiza su sostenibilidad y el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. Por no hablar, y con esto concluyo para no abrumar, del apoyo a la obtención primero y a la gestión después de los fondos next generation que han permitido, junto a otras medidas ya señaladas, que hoy tenga nuestra economía 22,6 millones de afiliaciones a la seguridad social frente a los menos de 19 millones de hace ocho años.
Para quienes como PP y Vox se sienten señalados por la huelga general y la consideran como un acto de campaña en favor del ejecutivo, no está de más recordarles su negativa a convalidar los decretos que el desahucio de Maricarmen y su luctuoso final volvieron a poner en marcha y que en tantas otras ocasiones también rechazaron. Es evidente que sienten por eso el reproche de la huelga promovida por el sindicato de inquilinas (aunque estas disparan hasta al pianista) y convocada por UGT y CCOO, pero debiera consolarles haber logrado con ello que se convoquen las elecciones generales que desde julio de 2023 vienen exigiendo. Pero ni por esas.
Mafia, basura, jetas, apesebrados, comegambas… En fin, una retahíla de insultos e improperios, como jamás habíamos conocido, motivados por la realización de una huelga que, paradójicamente, resulta que califican de fracaso. Amenazas proferidas con rabia incontenible, y parece que compromisos de llevarlas a cabo por el líder, según confesión de la peticionaria desde su atalaya madrileña, consistentes como poco, en privar de subvenciones a los sindicatos. Vinculaciones delirantes del accidente de Urda con la huelga, no se sabe si como carga de luto o como turbidez de quien la proclama. Y por último, el inefable Tellado reprochando a los sindicatos “que hayan estado hibernados, echando la siesta durante los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez”
Así que, habiendo referido cuanto antecede sobre el quehacer sindical de estos ocho dichosos años, le preguntaría al señor Tellado, a sus acólitos y acólitas, recordando La vida de Brian y salvando a los romanos: ¿Quién ha hecho más por nosotros que los sindicatos?
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