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Deutsche Bank: Delincuencia, altas finanzas, poder político y corrupción global

Sede central del Deutsche Bank en Fráncfort.
17 de noviembre de 2026 21:45 h

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Hay una delincuencia que roba carteras y otra que administra patrimonios multimillonarios. La primera suele ocupar las páginas de sucesos, protagoniza las estadísticas policiales, las memorias judiciales y alimenta los discursos de las derechas sobre la inseguridad ciudadana. La segunda suele desenvolverse en los despachos de las grandes corporaciones y en los distritos financieros, contratar influyentes bufetes de abogados, presionar gobiernos y presentar sus operaciones bajo la respetable apariencia de inversiones rentables gracias a su ingeniería financiera internacional. Ambas infringen la ley, pero sus instrumentos, sus consecuencias y, con frecuencia, su capacidad para eludir responsabilidades es radicalmente diferente.

La investigación internacional Inside Deutsche Bank, en la que participa este diario como único medio español, a partir del análisis realizado por periodistas sobre quince millones de archivos, constituye una oportunidad excepcional para reflexionar sobre las relaciones entre las grandes finanzas, la delincuencia económica, el poder político y la corrupción. No es un episodio aislado, sino una nueva manifestación de un problema estructural: la extraordinaria capacidad de determinados poderes económicos para operar a escala mundial mientras los mecanismos públicos de supervisión y control permanecen fragmentados por fronteras nacionales y, en demasiadas ocasiones, infiltrados de tramas corruptas. Muchos ya deben haber olvidado que tuvimos un gobernador del Banco de España nombrado por Felipe González que acabó en la cárcel por fraude y falsedad y un ministro de Economía de Rajoy, exdirector del Fondo Monetario Internacional, que todavía anda entrando y saliendo de la cárcel . Eran otros tiempos.

Deutsche Bank, lejos de ser una entidad financiera marginal o una sociedad domiciliada en un remoto paraíso fiscal, es uno de los grandes bancos europeos, sometido a las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales, supervisión y cumplimiento normativo. Así y todo, durante los últimos años ha recibido sanciones por prácticas relacionadas con el blanqueo de capitales. La FED, equivalente al Banco Central estadounidense, le impuso una multa de 166 millones de dólares en 2023. También la Autoridad de Supervisión Financiera de Alemania y el propio Banco de España lo han sancionado con cifras más pequeñas, que como se evidencia en la documentación analizada no le suponían ningún problema para seguir delinquiendo.  

En estas investigaciones aparecen nombres asociados a algunas de las mayores tramas políticas, financieras y criminales de nuestro tiempo: los autócratas Donald Trump y Vladímir Putin, junto al delincuente pederasta Jeffrey Epstein, en un contexto geopolítico en el que Benjamín Netanyahu, aunque no aparece en la investigación, ha sabido aprovecharse perpetrando el genocidio contra el pueblo palestino sin que la Unión Europea ni nadie se haya atrevido a sancionarlo. En los documentos también aparecen empresas españolas, algunas involucradas en casos de corrupción. Las redes de poder que los rodean nos permiten afirmar que esta concentración jamás vista de riqueza y de poder político en manos de unos cuantos multimillonarios, junto a la debilidad de las institucionales especialmente las de control, está articulando un nuevo orden internacional muy alejado del que se construyó después de la II Guerra Mundial fundado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 cuyos principios resultan incompatibles con cualquier concepción del poder que considere que la riqueza, la posición política o la fuerza militar justifican privilegios frente a la legalidad articulada alrededor del Estado de Derecho y el orden jurídico internacional. 

No nos sorprenda pues que cuando Trump ganó las elecciones presidenciales de 2016, el banco crease un dispositivo interno especial, denominado Novus Ordo, para gestionar la relación con un cliente que se convertiría en presidente de Estados Unidos. La investigación publicada documenta la relación financiera de Deutsche Bank con Donald Trump, incluso después de que sus empresas protagonizaran importantes conflictos crediticios con la entidad que le concedió un trato de favor. El caso ilustra cómo pueden entrecruzarse los intereses financieros privados y el ejercicio de las más altas responsabilidades públicas sin que los contrapesos que se supone deben ejercer los parlamentos sirvan para nada. Tampoco parece que esos vínculos entre Trump y el Deutsche Bank fueran detectados por los órganos de prevención de conflictos ni de transparencia de los EEUU hasta 2023, tres años después de que Trump hubiera perdido las elecciones de 2020.  

Los mecanismos de cumplimiento normativo (compliance) deberían impedir que los intereses económicos se impusieran sobre la legalidad. Evitar que puedan convertirse, como así ha ocurrido, en estructuras de apariencias cuando quienes advierten de los riesgos carecen de independencia efectiva frente a quienes solo buscan generar beneficios. En ese contexto, los códigos éticos, los comités de supervisión y los departamentos de prevención pueden terminar funcionando como instrumentos de ocultamiento y maquillaje corporativo en lugar de constituir verdaderos contrapesos al poder. La diferencia entre disponer de controles y permitir que funcionen es la misma que existe entre simular integridad y practicarla.

La dimensión española de Inside Deutsche Bank resulta particularmente significativa, pues nos descubre que la corrupción internacional encuentra financiación de entidades como el banco investigado incluso después de que se hayan detectado casos de sobornos y adjudicaciones amañadas investigados por la justicia y policía españolas. La investigación identifica operaciones de financiación de proyectos internacionales de empresas españolas en países como Angola, Camerún, República Dominicana, Ecuador y Panamá. Entre las compañías mencionadas figuran Defex, Mercasa, Eurofinsa, Elecnor, Isolux, Incatema e Ibadesa… y adquiere mayor relevancia cuando muchas operaciones cuentan con garantías públicas a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE).

De esta forma, el Deutsche Bank concedía préstamos a cambio de altísimas comisiones cuando estos tenían como garantía el aval público. Muchos de los proyectos financiados resultaron fallidos o llenos de irregularidades como acreditan los casos investigados por la Audiencia Nacional. Especialmente los relacionados con las empresas públicas Defex, vinculada al ministerio de Defensa, o Mercasa, al comercio exterior, aparecen casos de sobornos y comisiones por adjudicaciones que han pasado casi desapercibidos. 

Como podemos ver, el dinero procedente de la corrupción no circula solo por canales clandestinos: también utiliza sociedades mercantiles, intermediarios, contratos internacionales y servicios financieros formalmente legales. El mecanismo es sencillo: una empresa obtiene un contrato internacional, un banco lo financia y el Estado cubre el riesgo de la entidad financiera, mientras una red de intermediarios soborna, amaña o influye en las decisiones de los países destinatarios, con escasos controles, o ninguno, en materia anticorrupción. Sin embargo, cuando en la metrópoli salen a la luz claros indicios de corrupción en la adjudicación o mala ejecución de esos contratos, nadie examina si las instituciones financieras y públicas ejercieron adecuadamente sus controles. 

La corrupción internacional exige, por tanto, investigar no solo a quienes reciben sobornos, sino también a quienes los ofrecen, financian, encubren o facilitan conscientemente. Estos casos que enjuicia la Audiencia Nacional solo se han descubierto gracias a denuncias lo que obliga a preguntarnos si los mecanismos públicos de apoyo a la internacionalización empresarial incorporan controles suficientes para evitar que los riesgos de operaciones irregulares terminen trasladándose a los contribuyentes. El problema no consiste únicamente en determinar qué conocía cada entidad financiera u organismo público, sino en examinar qué hizo cada uno cuando aparecieron señales de alerta.

Además, las sanciones económicas son necesarias, pero no siempre suficientes. Su eficacia depende de su proporcionalidad, de la recuperación de los beneficios ilícitos y de la exigencia de responsabilidades individuales cuando proceda. Si las multas terminan incorporándose como un coste empresarial más, su capacidad preventiva disminuye considerablemente. La prevención de la corrupción requiere que los empresarios y cargos públicos respondan ante la ley por sus decisiones, que los supervisores actúen con independencia y que las corporaciones no puedan neutralizar sus controles internos mediante la presión de los intereses comerciales o políticos.

El caso del Deutsche Bank también nos traslada a una realidad inquietante: mientras las grandes corporaciones pueden afrontar sus irregularidades mediante acuerdos y sanciones económicas, quienes las denuncian pueden perder su empleo, su patrimonio, su reputación e incluso su libertad.

En su día, el caso de Hervé Falciani resultó paradigmático. Este antiguo ingeniero informático de HSBC en Suiza facilitó información que permitió descubrir cuentas bancarias ocultas y prácticas de evasión fiscal de grandes fortunas, así como el blanqueo de capitales de origen delictivo. Sus revelaciones, conocidas como la lista Falciani y vinculadas a SwissLeaks, fueron utilizadas por las autoridades tributarias de distintos países para recaudar miles de millones de euros. En España fueron muchos menos millones porque el gobierno del PP aprobó la amnistía fiscal que libró a los defraudadores de ser enjuiciados y redujo la deuda tributaria a mínimos. 

Sin embargo, Falciani fue condenado en Suiza en 2015 a años de prisión por espionaje económico, por lo que tuvo que huir de su país. En 2018 fue detenido en España a petición de las autoridades suizas. La información que contribuyó a descubrir posibles fraudes fiscales se convirtió también en el fundamento de su persecución penal por vulnerar secretos bancarios que encubrían conductas criminales. Todavía hoy Falciani como también les ocurre a otros denunciantes sigue sufriendo esa persecución que no olvidemos tiene otro objetivo: advertir a cualquier persona que se topa con conductas corruptas lo que le pasará si cumpliendo con su deber ciudadano de denunciar delitos tan graves que afectan a la economía y al sistema democrático, ponen en dificultades a los corruptos.

España no ha querido legislar una eximente completa para quien denuncia corrupción, y la protección de las personas denunciantes sigue siendo una quimera a pesar de los mandatos tan firmes como los de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción o la Directiva Europea para la protección de las personas denunciantes de corrupción. El contraste entre el tratamiento de las grandes entidades financieras y el de algunos denunciantes resulta especialmente revelador. Ninguna norma será suficiente mientras subsista una cultura institucional que considera más grave revelar determinadas irregularidades que tolerar las condiciones que permiten su comisión. 

La concentración de riqueza puede transformarse en concentración de influencia política. La investigación Inside Deutsche Bank permite conocer y trasladar estas reflexiones a una realidad concreta: existen grandes organizaciones financieras cuyo poder y actividad puede afectar a millones de personas y a nuestro sistema de libertades democráticas y cuya supervisión exige una cooperación internacional de las instituciones mucho más eficaz. 

Cuando los recursos públicos se desvían, cuando la corrupción encarece las infraestructuras o cuando el dinero ilícito encuentra refugio en el sistema financiero, las consecuencias alcanzan a toda la sociedad. Los primeros perjudicados pueden ser quienes necesitan hospitales, escuelas, viviendas o servicios públicos que dejan de financiarse adecuadamente y con el tiempo el daño alcanza a todos porque la corrupción destruye el sistema democrático. 

La conclusión que sugieren estas revelaciones sobre el Deutsche Bank es sencilla: no puede existir verdadera integridad pública sin integridad financiera, ni igualdad ante la ley cuando el poder económico puede neutralizar los controles y trasladar los costes de la corrupción al conjunto de la sociedad. Afortunadamente trabajos como el del equipo de periodistas de Inside Deutsche Bank palian el mal funcionamiento de quienes deben garantizar el control sobre el poder del dinero.

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