Una de cada tres medidas de Vox ataca a niños y niñas
Cuarenta de las 115 medidas de Vox, una de cada tres, vulneran o ponen en riesgo derechos que hoy tienen niñas, niños y adolescentes. Unas se dirigen directamente contra ellos, los nombran o recortan sus derechos expresamente, otras, aunque no les mencionen les alcanzan igual, porque no hay expulsión, exclusión sanitaria o veto al alquiler de una familia que no pase por sus hijas e hijos. La única medida que habla de protegerlos los devuelve a una época anterior a la Convención de los derechos del Niño.
Quizá para comprender la gravedad de lo que recoge el programa de la extrema derecha haya que explicar que los derechos humanos, si bien son inalienables, indivisibles e interdependientes, no son irrevocables. De eso se aprovecha el programa de Vox, que en algunas medidas coincide con el del Partido Popular. Con el mismo criterio, 16 de las 249 medidas del PP, el 6 %, vulneran o ponen en riesgo derechos de la infancia.
Ambos programas prometen devolver a estos niños y niñas a sus países de origen, pese a que nuestra normativa y la Convención sobre los Derechos del Niño obligan a evaluar caso por caso (artículo 3), a escuchar a cada uno (12) y a protegerlo cuando está privado de su familia (20). Vox va más allá: anuncia la «persecución» de las ONG que colaboren en «la sustracción o secuestro de menores», que es como la extrema derecha llama a acoger, acompañar y educar, y les retira «todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos» (medida 16).
No todo va contra la infancia migrante. La medida 43 de Vox elimina las subvenciones a ONG y observatorios, es decir, la financiación de las entidades que gestionan buena parte del sistema de protección para todas las niñas, niños y adolescentes, sea cual sea su nacionalidad. Y la 77 promueve la tauromaquia, de la que el Comité de los Derechos del Niño pidió a España en 2018 apartar a las personas menores de 18 años, como participantes y como público.
La derogación de las «leyes de género» (47) es también atacan los derechos de las infancias y adolescencias. Eliminar la ley integral de violencia de género elimina el reconocimiento de hijas e hijos de las mujeres agredidas como víctimas de la violencia machista y la posibilidad de suspender las visitas y la patria potestad del agresor. Vox lo justifica con las «denuncias falsas», el argumento que más daño hace en los juzgados de familia a las madres que intentan proteger a sus hijas e hijos en un país donde, desde 2013, 68 niñas y niños han sido asesinados por sus padres o por las parejas o exparejas de sus madres, y otros 548 se han quedado huérfanos.
Por otra parte, Vox aparenta preocupación por el acoso escolar, pero no cuando la víctima es LGTBIQ+. Promete un plan contra el acoso en la misma medida (69) en la que elimina los «contenidos ideológicos», es decir, la educación en igualdad y diversidad que lo previene. Y somete el deporte femenino a «criterios biológicos» (78), lo que deja fuera a niñas, niños, niñes y adolescentes (trans*) en un espacio donde se juega su integridad y desarrollo personal. La misma lógica, que amenaza los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes en la medida 98 que habla de proteger la vida «desde su concepción» y garantiza la objeción de conciencia de sanitarios y farmacéuticos, lo que las alcanza de lleno si necesitan interrumpir un embarazo o acceder a anticoncepción.
Hay medidas que desmontan la protección ambiental. Vox quiere revertir las normas climáticas y suspender acuerdos internacionales, acabar con «todas las imposiciones climáticas» y con las zonas de bajas emisiones, y eliminar las exigencias medioambientales de la política agraria. Las propone a pesar de que la contaminación y el medio ambiente son la segunda preocupación de las niñas, niños y adolescentes en España, según el último Barómetro de Opinión de la Infancia y la Adolescencia de UNICEF. Y lo hace despreciando la obligación de proteger la salud infantil frente a los riesgos de la contaminación (artículo 24 de la Convención) y la Observación General 26 del Comité de los Derechos del Niño, dedicada entera al derecho de la infancia a un medio ambiente sano.
Solo una medida de la extrema derecha habla de proteger a la infancia, la 97, y lo hace para definir esa protección como «preservar la inocencia de los menores». La Convención dejó atrás esa mirada hace 37 años: una niña o un niño no es una inocencia que custodiar, es una persona con derechos, entre ellos el de ser escuchado, informarse y participar. Negarles la condición de sujetos de derechos no es un descuido, es la manera de regresar a un modelo de familia tradicional donde solo el pater familias tiene voz y decisión, tiene derechos.
Lo mismo ocurre con el resto de las medidas sobre sanidad, vivienda, escuela o ayudas contra la pobreza: atacan derechos de niñas, niños y adolescentes y, con ello, a toda la sociedad. Porque la infancia no se rige por la intransigencia ni por el odio de las personas adultas. En un aula o en un parque no hay «alumnos de otras culturas», ni «españoles primero», ni «criterios biológicos»: hay niñas, niños y niñes, amigos y amigas con nombre, que se quieren, se echan de menos y sufren cuando al otro le pasa algo. Cuando a Amina le quitan la beca de comedor, a Leo el pediatra o a Álex su sitio en el equipo, todos quedan expuestos a esa misma arbitrariedad y a esa misma crueldad.
Un programa electoral con un tercio de las medidas que proponen son mermar los derechos de las niñas y los niños no es de sentido común. Más bien es una propuesta política que se parece bastante a la «eugenesia de la Hispanidad» que se impulsó durante el franquismo, es decir, a clasificar a las niñas y los niños por su origen, su clase y su género para decidir cuáles merecen derechos.