La democracia no es una religión. No funciona a base de actos de fe. La democracia en acción demanda evidencias, argumentos y persuasión. Los templos son los lugares para la fe, no los parlamentos.
Existen evidencias abrumadoras de haber espiado de manera masiva e indiscriminada a ciudadanos catalanes por su manera de pensar, de votar o por el mero hecho de ser pareja o familia de alguien que pensaba o votaba independentista. No consta, más bien lo contrario, que dicho seguimiento fuese efectuado por orden y bajo mandato judicial. Hay argumentos más que razonables que apuntan en una dirección: el Estado español. Tenía la oportunidad, tenía el motivo y disponía de los recursos y no parece que haya otros actores, autoridades o países que cumplan esas condiciones.
Tales evidencias y argumentos no pueden rebatirse únicamente proclamando que los servicios de seguridad españoles siempre cumplen y actúan de acuerdo con la ley como si se tratase de una cuestión de fe, porque no lo es. Se trata de una cuestión de persuasión y esta únicamente se logra aportando evidencias más sólidas y argumentos mejores.
Si el CNI o quien sea ha comprado el programa Pegasus y lo ha usado en España, con autorización judicial o sin ella, ha cometido un delito, dado que se trata de un programa que no solo puede monitorizar a un ciudadano, sino que puede tomar el control de su teléfono y formatear el contenido, violando tanto los derechos de los infectados como el principio penal básico de legitimidad de la prueba. Si lo ha empleado sin autorización judicial, ha cometido dos delitos. Si el CNI o quien sea lo ha implantado suplantando a otra administración o un medio de comunicación, ha cometido tres delitos.
No existe seguridad del Estado ni ley de secretos oficiales que ampare la comisión de delitos; no en la España de la Constitución de 1978. Es más, si alguna autoridad conociera o conociese de tales delitos, su obligación legal ineludible reside en denunciarlos y perseguirlos.
Si al Gobierno no le convencen aún estos argumentos de calidad y seguridad democrática, debería ser el primer interesado en arrojar luz y transparencia sobre lo sucedido porque, visto el volumen y alcance de lo espiado, estamos ante una operación que haría enrojecer de vergüenza al superintendente de la T.I.A. y a Mortadelo y Filemón les parecía una chapuza indigna: por masiva, por indiscriminada y aleatoria, por inútil y caprichosa y por carente de la más mínima inteligencia.
Más bien parece una de esas escuchas masivas de vecindarios y porterías que hemos visto en tantas películas sobre regímenes dictatoriales: escucharlo todo, a ver qué encontramos que se pueda utilizar. A mí me parece bien que el Estado tenga espías. Estoy en contra de que tenga espías tan torpes y estúpidos.
Hay otra cosa que todos hemos aprendido viendo películas de espías: a cambio de los privilegios de su estatus, si los pillan se joden y se comen el marrón mientras el Estado hace como que no los conoce. Son las reglas de ese mundo, no las hemos puesto nosotros; así que ahora no se quejen ni nos vengan con las milongas de la seguridad del Estado o nuestra protección. Les han pillado, así que alguien tiene que pudrirse en algún oscuro cuchitril abandonado a su suerte.