El Consejo General de la Abogacía Española rechaza que la justicia gratuita se vincule, en el proyecto de ley, a la recaudación de tasas judiciales, ya que tiene que sufragarse por las administraciones públicas y, más aun, cuando las tasas tienen pendientes cinco recursos de inconstitucionalidad.
En un comunicado, la Abogacía manifiesta que el proyecto de Ley, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, acarreará “mayores dificultades” en los ciudadanos para acceder a la Justicia y afectará “gravemente” a algunas garantías constitucionales.
Para la Abogacía, no se puede vincular la Justicia Gratuita con las tasas porque esta norma “está pendiente de cinco recursos de inconstitucionalidad (Canarias, Aragón, Cataluña, Andalucía y PSOE) y de varias cuestiones de inconstitucionalidad”.
En su opinión, la Justicia Gratuita “es un derecho constitucional y como tal ha de sufragarse por las Administraciones Públicas competentes”.
Asimismo, critica que la norma “burocratiza en exceso” el servicio generando costes “innecesarios y anticompetitivos” porque mantiene la duplicidad en tramitación de los expedientes.
Tampoco respeta la labor de los abogados ni de los Colegios, añade la Abogacía, que cita en particular a los letrados del turno de oficio, al entender que la supresión de la obligación de residencia de este abogado en el ámbito de su domicilio profesional y de su Colegio “atenta gravemente a la tutela judicial efectiva del ciudadano”.
Por último, tacha de “engañosos” los nuevos importes establecidos para el acceso a la justicia gratuita al considerar que perjudican a las unidades familiares con una sola persona.