En el mismo día en que el Partido Popular anunció que mantiene el título de Hijo Predilecto de Madrid para Plácido Domingo porque no ha sido condenado, su portavoz nacional, Borja Sémper, dijo que “estamos ante el Gobierno menos feminista de la historia” a causa de la ley de sólo sí es sí. La política es así. A veces toca golpear duro mostrando un desconocimiento inaudito de lo que hace tu propio partido. Algunos, como el propio Sémper, pueden decir después que “la política está instaurada en el postureo” y no se ponen rojos ni nada parecido. Lo dice el portavoz del partido que ha votado contra todas las leyes del aborto que se han aprobado en España desde los años ochenta y que las ha recurrido todas al Tribunal Constitucional.
Quizá Sémper crea que el derecho al aborto no tiene nada que ver con el feminismo. Ahora Alberto Núñez Feijóo mantiene que está a favor de una ley de plazos, aunque no ha retirado el recurso ante el Constitucional que el PP presentó hace más de una década.
La polémica sobre la ley del sólo sí es sí y las reducciones de pena a delincuentes sexuales que ha provocado domina los últimos días precisamente en un momento en que Pedro Sánchez pretendía dar varias vueltas victoriosas en el Congreso y Senado al calor de los últimos datos económicos. El giro de las expectativas de los últimos seis meses ha hecho que ninguna previsión del PP se haya cumplido. De hecho, la cifra de crecimiento ha sido superior a los propios cálculos del Gobierno, esos que el PP dijo que “nadie se creía”.
Sánchez no está en condiciones de culpar a los demás por no poder disfrutar de un momento dulce. La polémica de la ley del sólo sí es sí es un gol en propia puerta del Gobierno de coalición. Este martes, quedó confirmado que el PSOE y Unidas Podemos llevan un mes y tres semanas, desde principios de diciembre, negociando una reforma de la ley aprobada recientemente que está centrada en un asunto que no dominó la defensa del proyecto en los debates parlamentarios: las penas que se impondrían a los delincuentes.
Los jueces han reducido las penas en más de doscientos casos. Unos veinte de ellos han sido excarcelados al haber cumplido ya la pena tras la revisión. Los socialistas han decidido que ya no pueden soportar más este goteo de titulares y quieren hacer los cambios necesarios para que esa situación no se repita en el futuro a través de una nueva proposición de ley. A este ritmo, podrían encontrarse con quinientos casos a la altura de las elecciones de mayo y quién sabe cuántos en la campaña electoral de noviembre.
“No tocamos para nada el artículo del consentimiento. Estamos buscando la fórmula para que una nueva ley no tenga efectos indeseados que están generando una alarma social”, dijo Patxi López el martes por la mañana.
Pedro Sánchez repitió la misma fórmula por la tarde en su comparecencia en el Senado. Habló de “consecuencias no deseadas” y de que se trata de “una cuestión técnica” que se va a solucionar. No queda claro por qué llevan casi dos meses dando vueltas a ese tecnicismo. También fue optimista Yolanda Díaz, que se colocó en las dos orillas al mismo tiempo. Dio por hecho que habrá que hacer cambios en la ley y elogió con claridad a Irene Montero por su trabajo en el Ministerio.
Unidas Podemos desconfía del PSOE. No cree que haya que tocar nada. Se ha mantenido firme en su posición de acusar a los jueces de estar equivocándose en la aplicación de la ley. Esa fue la primera reacción de Montero y se ha intensificado en los últimos días.
Revisar las penas de los condenados cuando el legislativo altera el Código Penal no es una decisión voluntaria que un juez pueda ignorar. Es una obligación de cualquier tribunal que haya impuesto una pena de prisión a un delincuente en función de una ley que ha sido reformada. “La nueva ley tiene horquillas de penas más bajas y ahí no hay el más mínimo margen de interpretación judicial. Hay conductas concretas en las que es más beneficiosa”, ha explicado el magistrado progresista Joaquim Bosch, que fue portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia.
El partido de Ione Belarra plantea que el PSOE intenta desvirtuar la principal aportación de la ley, la que sitúa el consentimiento como elemento esencial de las relaciones sexuales. “En la propuesta de Justicia hay dos tipos de agresión: una con violencia e intimidación y otra sin violencia e intimidación. Eso nos lleva al calvario probatorio”, dijo Pablo Echenique en la línea de lo que piensa la ministra de Igualdad.
“El consentimiento no se va a tocar ni en una coma”, dijo después la portavoz del Gobierno. Unos y otros no han dado aún una explicación convincente y en la que coincidan los dos socios del Gabinete sobre cómo se ha llegado a esta situación.
Feijóo no podía desperdiciar este asunto en su enfrentamiento con Sánchez en el Senado. Contaba con una aliada singular, cuyas palabras han sido un regalo para el PP. Se refirió, como lo había hecho Cuca Gamarra por la mañana, a lo que dijo Carmen Calvo en la SER: “Anoche su exvicepresidenta primera confesó públicamente que desde el primer instante sabía lo que iba a pasar. Dijo que tanto ella como el ministro de Justicia habían advertido de las consecuencias de la ley de sólo sí es sí”, dijo Feijóo.
Sánchez prefirió no comentar las palabras de Calvo. Su comparecencia en el Senado fue otro capítulo de la nueva vida de Pedro El Rojo. En no menos de cuatro ocasiones, mencionó el neoliberalismo –no en términos elogiosos, claro–, al igual que hizo la semana pasada en el Congreso. Afirmó que la “desigualdad extrema” es el problema más serio al que se enfrentan las economías occidentales, porque además no cesa de incrementarse. “Los salarios reales llevan cayendo durante más de una década”, dijo, para pasar a decir que esto está creando obstáculos insuperables en el acceso a la vivienda.
Es curioso que dijera eso, porque su partido y Podemos no consiguen sacar adelante una ley de vivienda por sus discrepancias. Los socialistas creen que su socio quiere ir demasiado lejos al imponer precios máximos en las zonas más afectadas por los precios prohibitivos del alquiler.
Al hablar de la “erosión del Estado de bienestar”, mencionó que España gasta mucho menos en términos relativos que la mayoría de países europeos en sanidad, educación o vivienda social. Son todas competencias que están transferidas a las comunidades autónomas.
Feijóo, que a veces parece que tiene sangre de horchata, reaccionó airado ante esa imputación. Le acusó de “deslegitimar” al Estado autonómico. Dio un dato: de las 17 CCAA, “ustedes gobiernan en trece” (en realidad, el PSOE preside nueve de esos gobiernos y el PP, cinco). “Decir que tenemos una sanidad con listas de espera ignorando su responsabilidad es una falta de respeto”, dijo.
El PP se encuentra acuartelado en la muy interesada tesitura por la que los gobiernos regionales sólo pueden mejorar sus servicios públicos si reciben más fondos del Gobierno central e incluso se permiten el lujo de bajar los impuestos que gestionan porque parece que les sobra el dinero.
El último duelo de Sánchez y Feijóo confirmó que las expectativas sobre estos enfrentamientos eran excesivas. A Feijóo le viene bien no estar sometido a la presión de las intervenciones constantes en el Congreso y por eso Sánchez busca el cara a cara con él en el Senado. Pero Sánchez empieza a repetir los lances más ingeniosos contra el líder del PP, con lo que ya no tienen el mismo efecto.
El presidente se lo pasó muy bien respondiendo a lo que había dicho Feijóo en una entrevista de hace unos días en que hablaba de “un Gobierno de mediocres”. Le recordó figuras del PP tan legendarias como Rodrigo Rato, Eduardo Zaplana o Jaume Matas. Todos pasaron por prisión. Pero no será por los ministros del PP de hace veinte años por lo que los ciudadanos decidirán su voto en 2023. Eso vale para reírse de su rival en un debate en el Senado, pero no para una campaña electoral.