Cabe recordar que la acusación particular --realizada por el PP-- ha solicitado penas de 24 y 14 meses de multa para los acusados por un presunto delito continuado de calumnias con publicidad y otro de injurias con publicidad.
Además, solicitan la publicación de sentencia a costas de los procesados en los medios de comunicación “donde se difundieran las acusaciones que se enjuician”, y la indemnización a los querellantes en concepto de responsabilidad civil. Por su parte, la Fiscalía no ha presentado acusación contra ninguno de los tres.
El 14 de febrero el alcalde de Cádiz ratificó ante la juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz que con el anterior equipo de gobierno (PP) “entre el 19 de septiembre y el 13 de octubre de 2014 se distribuye agua no apta para el consumo --en el barrio de Loreto--, pese a que los informes de la UCA aconsejaban poner en conocimiento de las autoridades sanitarias los índice de e.coli y de bacterias que formaban parte del agua que se estaba suministrando”. No obstante, aseguró que con dichas manifestaciones “no hubo una voluntad de difamar ni injuriar a nadie personalmente”.
Además, afirmó que esperaba que pasara “lo que tenga que pasar”, porque “como no hubo una voluntad de difamar ni injuriar a nadie personalmente”, espera “que se archive y se deje paso a lo que de verdad pasó para que nunca más vuelva a ocurrir, no por una cuestión política o de revanchismo”.