Así lo afirmó este jueves en Vigo, después de haber participado en la reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) celebrada el martes, y donde también aseguró haber detectado que hay “muchos grupos” de la FEMP que están “absolutamente disgustados” con el texto.
El socialista, quien aseguró que a día de hoy todavía no le ha sido entregado el borrador de la ley, denunció que el Gobierno “quiere que los ayuntamientos paguen a las comunidades” los servicios de educación y políticas sociales, para que las autonomías se encarguen de prestarlos.
En ese sentido, ha advertido de que, en el caso de Vigo, el dinero que dirija a la Administración gallega “no hay garantía de que revierta en la ciudad”, lo cual achacó a “la experiencia” de “abandono” de la Xunta a la urbe.
El regidor también concretó que Vigo tendría que transferir a la Xunta 5 millones de euros en educación --cantidad que estimó teniendo en cuenta que el Ayuntamiento hasta ahora se encarga de la luz, limpieza, mantenimiento y los servicios de portería en colegios de primaria e infantil-- e insistió en que la Xunta “podría emplear” ese dinero “en otros lugares”.
Por otra parte, explicó que ayuntamientos del área viguesa como Nigrán, Mos, O Porriño y Baiona, entre otros, “va a ver cómo la Diputación se hace cargo de servicios” y, en ese sentido, destacó que serán prestados por “empresas privadas”, que se “encarecerán” y que serán “peores”.
Así, solicitó que la “la ley se paralice” y se inicie “un nuevo proceso” que “tenga en cuenta las necesidades de los ayuntamientos y también de los ciudadanos”.