Las entidades soberanistas han alcanzado la cifra el mismo día que el Tribunal de Cuentas ha interpuesto una fianza de más de 5,2 millones de euros por los gastos del proceso participativo del 9 de noviembre del 2014 al expresidente de la Generalitat Artur Mas y haya multado también a los exconsellers Joana Ortega (800.000 euros), Francesc Homs (2,1 millones) e Irene Rigau (3 millones).
Esta Caja de Solidaridad se ha construido a base de aportaciones personales con el fin de hacer frente a sanciones económicas derivadas del proceso independentista y está auditada externamente por los expresidentes del Parlament Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert.