El Gobierno andaluz ha aprobado hoy el decreto de Evaluación del Sistema Educativo, que prohíbe expresamente los métodos de evaluación que suponen clasificaciones o tienen consecuencias segregadoras, como la publicación de listas de centros, alumnado y profesorado.
El modelo educativo andaluz quiere diferenciarse, de esta forma, de algunos aspectos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), como los efectos académicos de las reválidas, al tiempo que establece en el decreto disposiciones para asegurar la autonomía de los centros educativos.
El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha incidido, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en que este decreto pretende evitar que se establezcan públicamente diferencias entre los centros, para lo que se prohíben expresamente los ránking de calificaciones.
“Es un elemento diferenciador claro, frente a la tendencia del ránking, Andalucía apuesta por un carácter exclusivamente formativo orientado a la equidad”, ha remarcado.
Así, el decreto aprobado hoy dará cobertura normativa al sistema de diagnóstico desarrollado por la Junta en los últimos años para garantizar la equidad en las aulas andaluzas y avanzar en la “generalización del éxito escolar”, ha señalado.
En líneas generales, la norma aprobada por el Gobierno andaluz establece las bases reguladoras de una evaluación dirigida a la mejora permanente, que permite identificar y destacar las buenas prácticas profesionales, detecta las áreas en las que se debe progresar, orienta la toma de decisiones y permite contrastar los logros obtenidos, ha explicado.
El decreto también establece disposiciones para asegurar la autonomía de los centros, que realizan sus propias memorias de autoevaluación, y armonizar su trabajo con los otros dos agentes principales del proceso de mejora de la calidad: la Inspección y la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa.