En un auto, conocido este viernes, el magistrado da un plazo de un mes para que, de forma solidaria, depositen este dinero con el objeto de asegurar las eventuales responsabilidades que se puedan derivar en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de la entidad.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 considera que se hah podido cometer un delito tipificado en el artículo 282 del Código Penal, que castiga a los administradores de una sociedad emisora de valores que hayan falseado la información económica contenida en folletos de emisión u otros instrumentos financieros.