El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado hoy la ley de Memoria democrática y por la convivencia de la Comunitat Valenciana, que busca el restablecimiento de la dignidad y el honor y la reparación moral de los daños causados a las víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista.
La norma ha salido adelante con los votos a favor del PSPV, Compromís y Podemos, que la consideran un acto de justicia; la abstención de Ciudadanos, que ve la ley “manifiestamente mejorable”, y los votos en contra del PP, que denuncia que la ley solo repara a las víctimas del franquismo y se olvida del resto.
Esta ley contempla que la Generalitat asumirá el coste de exhumación e identificación de las víctimas del franquismo, crea el Instituto de Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas, y prohíbe la exhibición pública de símbolos contrarios a la memoria democrática.
Además, incluirá la creación de un censo de bebés robados, que no será público pero proporcionará a los interesados copia de la documentación que les afecte, y prevé la creación de un banco de ADN que recogerá muestras de personas afectadas por estos hechos.
La ley establece un plazo máximo de un año a partir de su entrada en vigor para proceder a la eliminación de elementos contrarios a los valores democráticos, y se solicita al Consell que requiera al Gobierno la creación de una Comisión de la Verdad, al tiempo que prevé una de ámbito autonómico.
Como novedad se incluye un régimen sancionador a fin de atajar las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran concurrir.