Las auditoras de Transportes sostienen que la empresa de la trama supo del proceso de compra de mascarillas antes de que fuera público

Sara Anguita y Belén Roel, las inspectoras que realizaron la auditoría interna en el seno del Ministerio de Transportes sobre los contratos para la compra de mascarillas, han destacado ante el Tribunal Supremo que Soluciones de Gestión (la empresa epicentro de la trama) tuvo conocimiento de que se iba a dictar una orden para comprar mascarillas al menos un día antes de que Ábalos lo acordara. Así, han resaltado que la oferta de la empresa llegó el 20 de marzo de 2020 mientras que la orden se emitió el 21 de marzo. “Es evidente que alguien se estaba comunicando con la empresa”, han declarado.

Además, han puesto el foco sobre la figura del asesor ministerial Koldo García dado que, de las entrevistas realizadas, pudieron conocer que tuvo un papel “activo” en la contratación, ubicándose incluso por encima del jefe de Gabinete del ministro. “Llama la atención que sea un asesor”, han añadido.

A lo largo de tres horas tanto las auditoras como su responsable, Belén Roel, han defendido la legalidad y solvencia de su trabajo, y han recordado que, a pesar de disponer de “medios muy limitados”, analizaron 6.000 correos electrónicos y 1.900 archivos, y realizaron una batería de entrevistas a medida que lo requería su investigación interna. En este sentido, han sostenido frente a las defensas que el mandato de realizar la auditoría fue una orden ministerial y no “una decisión política” del ministro Óscar Puente, tal y como les ha señalado la letrada de Koldo García, Leticia de la Hoz.

Y es que las defensas se han afanado por intentar desacreditar ese documento que, si bien era interno, acabó siendo publicado en la web del Ministerio, incorporado a la causa y usado para elevar la exposición razonada al Supremo que conllevó la imputación del exministro José Luis Ábalos. En concreto, tanto el abogado del ministro como la abogada de su asesor han echado en cara a las auditoras que no incorporaran como anexo un documento excel que incluía la previsión de que para 30 días la necesidad de mascarillas se elevaba a los ocho millones, cantidad que finalmente se adquirió.

Esto era clave dado que una de las irregularidades que recoge esa auditoría es que en 38 minutos se pasó de acordar la compra de cuatro millones de mascarillas a ocho millones. Las auditoras han señalado que por correos internos vieron que la propuesta inicial era la de adquirir cuatro millones y que, en cambio, finalmente se decidió comprar el doble sin sustento documental alguno. El letrado de Ábalos ha preguntado por qué no se incluyó el excel que daba soporte a esa decisión, pero las expertas han señalado que, dado que era un anexo de un correo, decidieron incluir solo lo que decía el cuerpo del mensaje porque resumía la decisión.

“Objetivamente nadie nos dice por qué se produce ese cambio”, han explicado para luego indicar que no han encontrado “ni por escrito ni de forma verbal” que los ocho millones fueran una decisión técnica“.

Por otro lado, las auditoras han indicado que, según pudieron averiguar, la oferta de la empresa Soluciones de Gestión llegó al ministerio a través del asesor Koldo García, y que según las entrevistas realizadas en Puertos del Estado, los encargados de tramitar la compra entendían que Víctor de Aldama “trabajaba para el Ministerio”.

Cinco millones para Adif

En cuanto a la segunda orden de compra de cinco millones de mascarillas a través de Adif, las auditoras han explicado que, tras indagar, concluyeron que nadie de esa entidad pública sabía por qué se llegó a pedir esa cantidad y no otra. Y también han puesto el foco en que no figuraba quién iba a ser destinatario de ese material: “Nos llamó la atención”.

Por otro lado, y preguntadas por las defensas sobre la elección de entrevistados para la auditoría, han destacado que solo llamaron a personal que estuviera trabajando en el Ministerio porque al tratarse de una auditoría interna no tenían competencia para más, si bien luego han matizado que también entrevistaron a un funcionario que se había cambiado de departamento. Así, han defendido que, por ejemplo, no acudieran a entrevistar ni al exministro ni a su asesor.

Más allá de esto, han incidido en que detectaron que faltaban actas de recepción de esas mascarillas y que, si determinados funcionarios entrevistados no están de acuerdo con lo plasmado en su informe o les acusan de tergiversar sus palabras, ya no es problema suyo.

Por su parte, Lourdes del Amo, que realizó un informe atacando la idoneidad de esa auditoría, ha explicado que, dado que no se le permitió acceder a los anexos del mismo, se da una “falta de transparencia” que le ha impedido comprobar las razones por las cuales se entrevista a determinadas personas y no a otras. Además, ha indicado que el documento incluye valoraciones o juicios de valor de los que se debería haber alejado de acuerdo a las guías de auditoría pública. “Hay apreciaciones subjetivas y eso les aparta de la metodología de la auditoría”, ha enfatizado.