Hacienda concluye que Aldama defraudó 2,4 millones con las mascarillas y le atribuye un delito penado con cárcel
La Agencia Tributaria ha informado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Mascarillas que la cuota que presuntamente defraudó el empresario Víctor de Aldama con los contratos para la compra de mascarillas en el Ministerio de Transportes ascendió a 2,4 millones de euros. No obstante, especifica que la cuota exigible al conseguidor es de 1,6 millones de euros, cantidad que se obtiene de deducir las cantidades ingresadas en concepto de Impuesto de Sociedades en 2020 por sus mercantiles Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL.
En el informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, los inspectores apuntan a que tanto Aldama como la empresa Soluciones de Gestión, epicentro de la trama, emplearon “mecanismos defraudatorios para reducir la carga fiscal correspondiente al ejercicio 2020” porque sabían que los beneficios obtenidos por esa intermediación en la compra de material sanitario “iban a ser relevantes”.
En este sentido, en sus conclusiones, la Agencia Tributaria indica que Soluciones de Gestión minoró la cuota a declarar e ingresar mediante la compensación de bases imponibles negativas de periodos anteriores, “las cuales se consideran no ajustadas a la realidad de la empresa”. Así, en la declaración del Impuesto de Sociedades de 2019 que presentó en julio de 2020, esa mercantil ya era conocedora del beneficio que le reportaría la adjudicación de los contratos públicos (todos adjudicados antes de julio de 2020, salvo el del Gobierno de Canarias). Y así, en dicha declaración generó una base imponible negativa de 800.000 euros, originada por el deterioro de un crédito con garantía frente a una sociedad relacionada. Y esa operación concreta, es lo que ponen los inspectores en cuestión.
Advierten así, que esa base imponible negativa “se compensó de manera falaz en el ejercicio 2020” con el objetivo de “reducir la carga impositiva derivada de los importantes beneficios obtenidos en el negocio de las mascarillas”. Y subraya que el principal interesado en esta minoración de la base imponible era el empresario Juan Carlos Cueto, “titular real del Grupo Cueto” e investigado en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional.
Cueto, un “control efectivo”
Por otro lado, recuerdan que la mayor parte de los beneficios del negocio millonario de las mascarillas se “residenciaron” en las entidades controladas por Aldama y por Cueto, y por eso entiende que existen indicios de responsabilidad penal por un delito contra la Hacienda Pública vinculado al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) del ejercicio 2020.
En el caso de Aldama, incide que vehiculó a través de las sociedades “interpuestas de manera artificiosa” Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL la facturación de “sus servicios personalísimos, obteniendo de manera dolosa un importante ahorro fiscal”.
Añade que también se considera que hay indicios de responsabilidad penal por un posible delito contra la Hacienda Pública para Soluciones de Gestión por esa minoración de la cuota a declarar. E incide en que Cueto “ejercía el control efectivo sobre dicha entidad sobre la contratación pública adjudicada”.