El Ejecutivo comunitario ya envió un dictamen motivado a España el 21 de febrero de 2013 en el que instaba a modificar la legislación sobre el Impuesto de Sucesiones en Álava y Vizcaya. Como Álava ha cambiado ya su normativa, la denuncia ante el TJUE se limita al caso de Vizcaya.
Con arreglo a las disposiciones de la legislación sobre el impuesto de sucesiones en Vizcaya (y antes también en Álava), la deuda pública emitida por las administraciones locales (la Comunidad Autónoma del País Vasco, las Diputaciones Forales o las Entidades Locales Territoriales de los tres Territorios Históricos) se beneficia, en lo relativo al impuesto de sucesiones, de un trato más ventajoso que el que se aplica a títulos similares emitidos en otros Estados miembros de la UE o del espacio económico europeo.
“Esta diferencia de trato fiscal es discriminatoria para las inversiones en deuda pública emitida por otros Estados miembros de la UE”, según ha explicado la Comisión en un comunicado.