La Cámara de Diputados de Italia aprobó hoy la ley de reforma educativa del Gobierno del primer ministro, Matteo Renzi, que someterá a valoraciones externas a los responsables de los centros y prevé contratar a 100.000 profesores.
El texto, denominado “La Buena escuela”, fue aprobado de manera definitiva con 277 votos a favor, 173 en contra y 4 abstenciones, de los cuales cuatro votos contrarios y tres abstenciones provinieron del propio Partido Democrático (Pd) de Renzi.
“Este no es un acto final, sino un paso inicial de un nuevo protagonismo de la escuela”, dijo la ministra italiana de Educación, Stefania Giannini, tras la aprobación definitiva de la ley, según recogieron los medios locales.
Esta reforma de la enseñanza no universitaria, que el Ejecutivo de Renzi estaba decidido a sacar adelante, contempla que los directores escolares se sometan a una valoración externa que vigilará su trabajo como responsables de los centros.
Además, dispone la contratación a partir de septiembre de 100.000 profesores que hasta ahora tenían contratos precarios, siempre que pasen primero un año de prueba.
El nuevo contrato se realizará por tiempo indefinido o por un periodo de tres años y se aplicará solo a los profesores de primaria y de educación secundaria, pero no a los de educación infantil.
De esta manera se eliminará la figura del profesor suplente que cada curso escolar es enviado a uno u otro centro educativo según las exigencias, lo que permitirá dar más estabilidad y continuidad didáctica a los estudiantes, según el Gobierno.
Asimismo, el Gobierno prevé destinar 200 millones de euros como premio a los mejores docentes que contribuyan a fomentar la calidad en la educación, la renovación de la escuela como entidad y empleen métodos didácticos innovadores.
Una comisión formada por padres, docentes y estudiantes estudiará cada caso y decidirá quiénes son los mejores profesores para que estos puedan recibir 500 euros y emplearlos en su formación académica.
Asimismo, establece el llamado “School bonus”, un bono que supondrá beneficios fiscales en la declaración de la renta de aquellos ciudadanos que hagan donaciones a los colegios.
Sin embargo, el documento no contiene algunos de los puntos más polémicos que incluía el texto inicial, como la medida que preveía que los ciudadanos pudieran devolver una parte de la asignación tributaria del impuesto sobre la renta al centro educativo que eligieran.
El Gobierno también ha eliminado de la reforma la posibilidad de que los centros puedan contar con financiación privada de patrocinadores o mecenas.
Estos dos aspectos contenidos en el proyecto de ley y que finalmente quedaron eliminados habían sido los más criticados en el sector educativo, que convocó una huelga general el pasado 5 de mayo en la que profesores, alumnos y otros ciudadanos criticaron la apertura a la financiación privada de los centros.