Cáritas Española ha presentado a los partidos políticos que concurren a los comicios del 26 de junio un decálogo de medidas para combatir la pobreza, luchar contra la corrupción y contribuir a la construcción de una economía basada en la persona.
La organización reivindica en un comunicado la “plena vigencia” de este decálogo de propuestas, que ya hizo público con ocasión de las elecciones generales del 20 de diciembre.
Reclama reformas concretas en aquellas políticas relacionadas con el acceso de las personas empobrecidas a los derechos humanos, como la protección social, la salud, la vivienda, el empleo o la cooperación al desarrollo.
Al igual que en los anteriores comicios, la organización mantendrá contactos con representantes de los distintos partidos que concurren a las elecciones para presentarles su decálogo y analizar cómo se incorpora a los distintos programas electorales.
Una de sus propuestas hace referencia a la ratificación de la Carta Social Europea revisada en 1998 y del protocolo adicional de 1998 sobre reclamaciones colectivas.
Cáritas llama a establecer un sistema de ingresos mínimos de ámbito estatal para los hogares en situación de pobreza severa, al tiempo que exige que se garantice el acceso a la salud de todas las personas, mediante la derogación de la reforma sanitaria del año 2012 y la eliminación del copago farmacéutico.
Asimismo, sugiere reformas estructurales para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, así como a un empleo digno y un salario justo, a la vez que apuesta por el establecimiento de cláusulas sociales y ambientales para dar prioridad a las cooperativas y pymes en la contratación pública.
Igualmente, pide que la renovación de las autorizaciones de residencia de los extranjeros no se vinculen exclusivamente a estar en posesión de un contrato en vigor o una oferta de empleo y que se garanticen los derechos humanos en los procedimientos de expulsión de los extranjeros.
Además, insta al Gobierno a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y destinar el 0,7 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) a ayuda oficial al desarrollo.