“Quieren derogar, o enmendar, la Ley de Seguridad Ciudadana, que protege a nuestra Policía Nacional y a la Guardia Civil. Pretenden que sean taxistas, que lleven a los detenidos de vuelta a donde estaban incendiando papeleras o apedreándoles; que no puedan identificar a los que están consumiendo drogas en los parques; que les puedan grabar a ellos, y a sus familias”. Así justifica Pablo Casado que el Partido Popular secunde las protestas convocadas por diversos sindicatos contra la leve reforma de la ley mordaza que se tramita en el Congreso.
No son las únicas protestas contra el Gobierno a las que el PP va a dar su apoyo. Hace apenas unos días ya aplaudieron el cierre patronal de parte del sector del transporte por carretera, ante el incremento del precio del combustible de los camiones. Y en los próximos días también respaldarán a la patronal agraria, que se movilizará precisamente contra el incremento de los costes energéticos en su producción, y contra la reforma laboral que negocia la ministra de Trabajo y que tiene en la temporalidad del campo uno de sus principales escollos. Lo avisó el propio secretario general, Teodoro García Egea: “No van a poder salir a la calle”. Se refería a los miembros del Gobierno.
Coherente con esa filosofía, el PP, con Casado al frente, acudió la semana pasada a las concentraciones de policías nacionales y guardias civiles que se celebraron frente a delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Y fue finalmente -tarde y con muchas dudas de que llegase- a la manifestación policial convocada este sábado en Madrid. El partido había anunciado de forma insistente que lo haría, hasta el punto de que se había abierto una suerte de competición con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por ver quién apoyaba antes, y más, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Este viernes se celebró en León la primera jornada de una reunión de presidentes provinciales del PP. Un evento largamente planeado como una demostración de control orgánico por parte de Casado sobre uno de los escalones de poder más importantes dentro del partido. La idea era que el jefe de filas acudiera a la inauguración el viernes para asistir el sábado a la manifestación de policías. Pero a media semana desde el PP apuntaron a que un conflicto de agenda con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, obligaría a cambiar el orden. Así, Casado pasaría a la clausura, el sábado por la mañana, lo que hará muy complicada su presencia en Madrid, donde coincidiría, además de con Ayuso, con el presidente de Vox, Santiago Abascal.
El líder de la extrema derecha y la de Ciudadanos ya estaban en la manifestación y, mientras Ayuso salía a la Puerta del Sol a primera hora para apoyar la marcha, Casado seguía en León. Fuentes del PP insistieron a lo largo de la mañana en que Casado llegaría a la concentración. La ausencia del líder popular era suplida con la del portavoz nacional, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque ambos evitaron coincidir. Entre valoraciones catastrofistas de la futura Ley de Seguridad Ciudadana y críticas al Ejecutivo, ambos contestaban a preguntas sobre la no aparición de su líder. Almeida alegaba que Casado tenía una “cita en León” e Isabel Díaz Ayuso explicaba que no iba a coincidir con él porque, como presidenta regional, entendía que no debía participar (por ser la presidenta de un gobierno) en la marcha aunque apoyase sus motivos. Y no se encontraron, porque Casado llegó, pero tarde. Cargó contra la reforma proyectada por el Gobierno de coalición y habló de los diputados que Unidas Podemos ha perdido por condenas por agredir, precisamente, a policías nacionales. De fondo, se oían gritos para todos los gustos de los asistentes que lo calificaban unos de “presidente” y otros de “traidor” que se entremezclaban con vivas a Vox.
Contra la reforma de la ley mordaza
“Si la reforma se consuma, va a arder la calle”, había dejado dicho el anterior fin de semana el secretario general de Jucil, la asociación profesional de guardias civiles y hermana de Jusapol, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional, referenciado en Vox en sus orígenes. La reforma pretende derogar o modificar aspectos menores de la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el Gobierno del PP en 2015, hace apenas seis años. A veces en algunos puntos que han sido desautorizados por el Tribunal Constitucional, como las trabas a tomar imágenes de los agentes, o incluso por la Comisión Europea que suele utilizar la oposición como referencia para criticar al Gobierno.
El PP ya ha asegurado que llevará la reforma ante el Tribunal Constitucional y que, si los magistrados no emiten una sentencia antes del final de la legislatura, su hipotético futuro Gobierno retomará una normativa que, en su día, provocó, y sigue provocando, el rechazo de partidos, organizaciones sociales, asociaciones profesionales y sindicatos, tanto sectoriales como de clase.
De hecho, ya en 2016 el Congreso que salió de las elecciones de junio de ese año se posicionó en contra de la ley, cuya derogación ha sido una constante en las promesas electorales tanto de los partidos del Gobierno como de los que conforman la actual mayoría parlamentaria.
“Están preparándose para la oposición y las algaradas en las calles”, dijo Casado el pasado miércoles. Todo después de que su número dos, Teodoro García Egea, justificara durante la celebración del congreso del PP de Castilla-La Mancha el lanzamiento de objetos contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, justo antes del acto con Ada Colau y Mónica Oltra que se celebró en Valencia.
“La calle no aguanta más”, espetó el secretario general del PP. “No aguantamos más”, añadió, tras calificar la agresión como “un síntoma” del “debilitamiento del Gobierno”. Luego pronosticó: “No van a poder salir a la calle”.
Los transportistas y empresarios del campo, a la calle
El intento de reventar el acto de Valencia lo protagonizaron algunos transportistas, cuya patronal ha convocado diferentes movilizaciones y ha puesto incluso en duda el suministro de productos de cara a las fiestas navideñas ante el “abandono” del Gobierno. El cierre patronal tendrá una duración de 24 horas y se producirán los días 20, 21 y 22 de diciembre de este año.
El PP también apoya esta movilización y considera que la patronal del transporte por carretera se ha visto “obligada” a convocar los paros. Entre los motivos de la protesta, el incremento del precio del gasóleo, pero también que los clientes de los transportistas obliguen a los conductores a hacer tareas de carga y descarga del material que llevan en sus camiones, pese a que no entra dentro de sus competencias. Hay también otras reivindicaciones por definir, como el sistema de peajes para las autovías que el Ejecutivo contempla poner en marcha a partir de 2024.
Aquél día, los manifestantes en Valencia sortearon sin mucha dificultad el cordón policial y la seguridad de la vicepresidenta, la alcaldesa de Barcelona y de la vicepresidenta de la Generalitat valenciana. De hecho, no es la primera vez que Díaz recibe ataques de este tipo. En 2020 su coche fue también golpeado, aquella vez por unos pocos representantes del sector taurino.
Los agricultores también se manifiestan
“La calle arde contra Sánchez”, repitió esta misma semana la secretaria de Organización del PP, Ana Beltrán. Ese fuego lo prenden también los empresarios del campo, con la patronal Asaja a la cabeza. De hecho, ya se han anunciado movilizaciones que pueden coincidir con las del sector del transporte. Entre sus reivindicaciones figura la de “un reparto más justo del valor de los alimentos en la cadena alimentaria”, ya que, dicen, el precio en los supermercados ha subido, pero sus ingresos, no.
Pero los tres frentes más importantes están en dos asuntos que sí son competencia del Gobierno, en concreto de Trabajo: el nuevo marco para las relaciones laborales, las subidas del SMI y las inspecciones en el campo. Precisamente, la regulación de la temporalidad en las explotaciones agrarias es uno de los escollos que negocian Trabajo, empresarios y sindicatos en la mesa del diálogo social.
Pablo Casado ha defendido a la patronal agraria en sus denuncias contra la supuesta persecución a las que les está sometiendo el Gobierno. “En el sector del campo no hay esclavitud y no se pueden admitir las acusaciones falsas” del Ejecutivo, ha sostenido en no pocas ocasiones. Más allá fue la patronal. Uno de los vicepresidentes de Asaja llegó a amenazar en 2020 con “no ser pacíficos” si Trabajo proseguía con las inspecciones en las explotaciones. Han seguido y el resultado es que una de cada tres acaba en sanción.