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PP y Vox se suman a las tergiversaciones de la reforma de la Ley Mordaza lanzadas por los sindicatos policiales

Pablo Casado, junto a representantes de los sindicatos corporativos de la Policía en la protesta de este miércoles en Madrid

Pedro Águeda

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Tres semanas después de que el Ministerio del Interior publicara los últimos datos que sitúan la criminalidad en su nivel más bajo desde que se creó la estadística, Partido Popular y Vox saldrán a la calle el sábado para decir “no a la inseguridad ciudadana”. Los cambios que introducirán en la ley orgánica conocida como 'Ley Mordaza' las enmiendas pactadas por los dos socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han soliviantado a los sindicatos policiales, un ámbito tradicionalmente conservador que se ha radicalizado en los últimos años con la irrupción de Jusapol, una plataforma que aprovechó el desafío soberanista en Catalunya para exigir, con una agresividad insólita en una reivindicación de agentes de la autoridad, cobrar igual que los Mossos d’Esquadra.

En los últimos días, los responsables de Partido Popular y Vox han venido calcando en sus declaraciones los posicionamientos de Jusapol y el resto de sindicatos contra las enmiendas de PSOE y UP, pese a que el texto pactado no coincide con lo que aseguran los representantes sindicales de la Policía y la Guardia Civil que dice. Este mismo miércoles, el líder del PP, Pablo Casado, declaró que los policías tendrán que “llevar a los delincuentes que les estaban apedreando, como si fueran un transporte público, a devolverles a los lugares en los que estaban haciendo las agresiones”.

Esta afirmación, una de las interpretaciones de las enmiendas pactadas por los socios de Gobierno, entronca con la protesta sindical que asegura que los policías se van a convertir en “taxistas de los delincuentes”. Los policías no aplican la Ley de Seguridad Ciudadana a un individuo sospechoso de haber intentado agredir a un agente a pedradas sino el Código Penal, ante la posibilidad de que haya cometido un delito grave como es el de atentado a la autoridad. 

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana establece la posibilidad de que, una vez se haya identificado en comisaría a alguien que no porte la documentación o se niegue a facilitarla a los agentes, será devuelto por estos, si no han encontrado motivo para ponerlo a disposición judicial, al lugar donde fue interceptado, pero siempre que hubiera sido conducido a la comisaría de otra localidad y si la incidencia de trabajo policial lo permite. 

La portavoz del Partido Popular en la comisión de Interior del Congreso, Ana Vázquez, llegó a afirmar este miércoles que el agresor de un policía pagará su responsabilidad abonando una multa de “30 euros”. Como su jefe de filas confundía el Código Penal con la Ley de Seguridad Ciudadana, que no contempla multas de 30 euros ni siquiera para sus faltas leves, que en su grado menor están castigadas con 100 euros. 

La pugna de PP y Vox por capitalizar el malestar de los miembros de las Fuerzas de Seguridad, y de todo el electorado que prioriza la “mano dura” en uno de los países europeos con la criminalidad más baja llevó, a sus líderes a coincidir plenamente en que el Gobierno reforma la Ley de Seguridad Ciudadana, compromiso electoral de PSOE y Unidad Podemos, porque están allanando el camino para los protagonistas de las “algaradas” cuando estén en la oposición y, en consecuencia, gobierne el partido de Casado, el de Abascal, o una coalición de ambos. 

Otra coincidencia plena en las declaraciones que hicieron este miércoles los líderes de PP y PSOE al asistir a la concentración ante la Delegación del Gobierno en Madrid fue la apelación al Constitucional. Casado dio por seguro que su partido llevará la reforma al órgano que interpreta la norma fundamental y Santiago Abascal, presidente de Vox, lo planteó como una posibilidad. Si el Tribunal no ha resuelto antes de que el PP regrese al Gobierno, dijo Casado, el Gobierno hará “retrotraer esta reforma que solo beneficia a los socios radicales del Gobierno”.

El Tribunal Constitucional falló sobre la Ley Orgánica de Seguridad y Protección Ciudadana aprobada con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy hace justo año. Los magistrados del TC avalaron los aspectos fundamentales de la Ley, pero declararon inconstitucional la infracción referente a grabar el desempeño de las policías en las calles. Los socios de Gobierno han querido trasladar la sentencia del Constitucional al a reforma de la Ley, pero esto ha soliviantado a los sindicatos policiales y, por extensión, a PP y Vox. Fuentes del Tribunal Constitucional explican a elDiario.es que cabe recurso contra el texto que salga de la reforma, pero que eso no supone que vuelvan a pronunciarse sobre un aspecto de la Ley sobre el que ya deliberaron y fallaron. 

“Es una ley para proteger a los delincuentes y darles todas las herramientas jurídicas”, declaró a los medios Santiago Abascal. El líder del PP coincidió con Abascal en ignorar el compromiso electoral de PSOE y Unidas Podemos con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y aseguró que lo que pretende es “preparar el terreno para cuando pierda las elecciones, para poder incendiar, a través de sus esbirros, con total impunidad”. Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha dicho que la reforma lanza el siguiente mensaje a los ciudadanos: “Tu policía no te va a cuidar, desconfía de tu policía”.

El próximo sábado, a las 11:30 en la Puerta del Sol, Jusapol ha convocado “toda la sociedad civil” a manifestarse contra lo que ellos aseguran que dicen las enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana que proponen PSOE y Unidad Podemos. Por parte de Vox está confirmada la presencia de su secretario general, Javier Ortega-Smith, y su portavoz parlamentaria, Macarena Olona, y pendiente de confirmar la del líder del partido, Santiago Abascal. Por el PP, Pablo Casado participará en la concentración, así como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Ciudadanos también tendrá representación en la protesta.

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