El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha subrayado hoy que el nuevo Reglamento de Protección de Datos, además de un reto y un “compromiso de primer nivel”, responde a la necesidad de adaptar la normativa y el derecho a los cambios que se están produciendo en la sociedad.
Así lo ha señalado con motivo de su presencia en Zaragoza para inaugurar una serie de conferencias sobre la protección de datos de los ciudadanos y que lleva por título “Cómo afrontar la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos”, en este caso organizada por Écija Abogados e Ibercaja.
Este reglamento, que entrará en vigor el próximo 25 de mayo y se acompañará de una ley orgánica, es un marco normativo nuevo que ha supuesto un “equilibrio complejo” entre la protección y tutela ciudadana y la generación de oportunidades económicas.
“No es una regulación académica alejada de la realidad”, ha subrayado Catalá, sino que sirve para poner de manifiesto “cómo la legislación debe acompañar las transformaciones sociales”.
Este reglamento está basado en tres claves: los derechos fundamentales, en este caso el de la de la protección de datos, en torno al cual, ha subrayado Catalá, se está vertebrando Europa; el de la seguridad jurídica y la economía.
“Queremos que España sea considerada como una seguridad jurídica alta” porque ello conllevará, según el ministro, la generación y atracción de inversiones.
Y es que, ha apuntado, un “Estado de derecho fuerte que tutela los derechos de los ciudadanos genera no solo valor democrático”, sino que genera estabilidad al marco normativo de la actividad económica.
Entre algunos de los aspectos destacados de la nueva norma, Catalá ha citado la delimitaciones en el régimen de la responsabilidad, la obligatoriedad del consentimiento expreso, rebajar a los 13 años la edad a partir de la cual se puede dar consentimiento, el acceso a los sistemas de información de morosos, que será a partir de una cuantía mínima, la videovigilancia y las listas “Robinson”, entre otros.
Tras la charla el ministro se ha trasladado a la sede de la Delegación del Gobierno para imponer la Cruz Distinguida de 2ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort a César Augusto Alcalde, quien fue letrado de la Administración de Justicia en el Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza.