El Gobierno italiano impuso a la empresa de Correos del país la obligación de dar un servicio de interés general económico para preservar y alentar la pluralidad de medios y la diversidad de opiniones mediante el cobro de tasas reducidas a determinados editores y periódicos para distribución de ciertas categorías de prensa.
Bruselas ha avalado las ayudas públicas tras concluir que su objetivo era garantizar un servicio de interés general público y promover la pluralidad de medios y que no distorsionan de forma indebida la competencia dado que el nivel de compensación no excedía el coste neto de Poste para ofrecer el servicio, por lo que era una ayuda “proporcional” y no implicaba una sobrecompensación.
Las normas europeas autorizan a los gobiernos a compensar, bajo ciertas condiciones, a las compañías obligadas a dar servicio público por el coste adicional.