Centenares de personas acudieron hoy a la sede del Ministerio Público en Caracas para expresar su respaldo a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, después de que esta emprendiera un conjunto de acciones en contra de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro.
La mayoría de los manifestantes, trabajadores de la Fiscalía, acudieron con pancartas y corearon consignas en favor de la funcionaria, contra quien el chavismo ha pedido la apertura de un proceso para iniciar su destitución.
“La mayoría de los que estamos aquí somos chavistas y sin embargo estamos defendiendo la Constitución ante el Gobierno de (Nicolás) Maduro, que se dice chavista, y está violando la Constitución”, dijo a los periodistas el analista político Nicmer Evans desde el Ministerio Público.
El también exmiembro del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, que se distanció del oficialismo, aseguró que la posición de la fiscal “rompió el cerco del temor y está entregada a la posibilidad de defender la Constitución”.
La manifestación de opositores y de grupos de chavistas críticos con Maduro coincidió con otra de grupos de oficialistas que acudieron también a la sede de la fiscalía para protestar contra Ortega Díaz y pedir su renuncia.
El encuentro de ambos grupos dio pie a enfrentamientos verbales entre quienes critican a los oficialistas por defender una “dictadura” y éstos que, por su parte, aseguran que los días de la titular del Ministerio Público “están contados”.
Las diferencias entre el oficialismo y la fiscal surgieron luego de que Ortega Díaz calificara a finales de marzo como una “ruptura del orden constitucional” la decisión del Supremo de arrogarse las funciones del Parlamento, una medida que fue rectificada parcialmente poco después.
Posteriormente, Ortega Díaz ha pedido enjuiciar a los magistrados del Supremo que avalaron esa decisión así como la impugnación de la elección de otros 33 jueces de la máxima corte por supuestas irregularidades en su elección.
Estas acciones han llevado al chavismo a pedir una junta medica para que evalúe su conducta y una medida de prohibición de salida del país contra la fiscal general, además de la congelación cautelar de sus bienes.
Todas estas acciones forman parte de una solicitud presentada por el chavismo ante el Tribunal Supremo para que inicie el proceso de remoción de la fiscal y determine si hay razones para llevar a juicio a la funcionaria.