La jueza que instruye el caso por presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección oficial en Ceuta ha decretado esta noche libertad con cargos para la consejera de Economía y Hacienda, Susana Román (PP), la consejera de Educación y Cultura, Rabea Mohamed (PP), y para el diputado del partido Caballas Mohamed Alí.
La decisión judicial ha motivado prisión incondicional sin fianza para el exviceconsejero y exgerente de la sociedad municipal de la vivienda (Emvicesa), Antonio López.
En los casos de Susana Román, Rabea Mohamed y Mohamed Alí están imputados por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos mientras que Antonio López ha sido enviado a prisión por los mismos delitos, además de cohecho.
Susana Román ostentaba el cargo de presidenta de la Comisión de la Vivienda cuando en 2015 se produjo la adjudicación de las 317 viviendas de la promoción de Loma Colmenar, objeto de la investigación policial.
Román formó parte en 2003 de la lista con que el PP se presentó a esas elecciones, aunque no fue hasta 2011 cuando, como número 10 de esa candidatura, fue elegida diputada en la Asamblea y se convirtió en titular de la Consejería de Juventud, Deporte y Menores.
En abril de 2012 asumió las competencias de la Consejería de Fomento y desde mayo de ese año formaba parte del Comité Ejecutivo Regional del PP como vicesecretaria de Política Sectorial. En 2015, repitió como diputada en la Asamblea de Ceuta y asumió la Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo.
La operación permanece abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.
El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), afirmó este miércoles que se encontraba “absolutamente convencido” de que Mohamed y Román son “inocentes” de cualquier presunto delito.