La Secretaría de Estado de Comercio ha desmentido hoy que su titular, Jaime García-Legaz, intercediera ante el Ayuntamiento de Madrid en favor de un empresario que habría acudido a él en compañía de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como “el pequeño Nicolás”.
El diario El Mundo publica unas declaraciones de este empresario, Carlos Zapata, quien asegura que el “pequeño Nicolás” propició un encuentro por la noche con García-Legaz en su despacho oficial para que mediara ante la corporación municipal para solucionar un problema con una licencia.
En una nota difundida hoy, la Secretaría de Estado asegura que ningún responsable de ese departamento ni el propio secretario de Estado “ha realizado gestión alguna con la alcaldesa de Madrid ni con ningún otro cargo o funcionario del Ayuntamiento de Madrid en relación con ningún tipo de licencia municipal, ni en este caso ni en ningún otro”.
Añade que la reunión se celebró dentro del horario operativo de la Secretaría de Estado y que es “rotundamente falso” que el Ministerio de Economía, del que depende, estuviera cerrado en ese momento, como afirma el empresario.
Según Comercio, el secretario de Estado recibió a un empresario de un negocio comercial ubicado en Madrid -como hace con otros muchos habitualmente- para tratar sobre la búsqueda de posibles inversores para el mercado y la apertura de mercados de productos españoles en el exterior.
Asegura también que la reunión se celebró en la zona de visitas donde se recibe habitualmente a todos los empresarios.
El comunicado de Comercio dice asimismo que es “rotundamente falso” que alguien se sentara en el ordenador personal del secretario de Estado ni tocara su documentación, como afirma Zapata.
Según el citado empresario, “el pequeño Nicolás” le chantajeó unos días después al pedirle 200.000 euros y le amenazó con que habría consecuencias si no aceptaba.
García-Legaz ha puesto esta información en manos de sus abogados para que estudien si procede iniciar acciones legales contra el empresario.
La nota señala además que si fue objeto de chantaje durante la reunión, su obligación era ponerlo de inmediato en conocimiento de la Justicia, si actúa de buena fe, en lugar de denunciarlo ante un medio de comunicación.