La mayoría progresista del Tribunal Constitucional ha decidido sacar adelante una sentencia que avala la prohibición de que el Consejo General del Poder Judicial pueda hacer nombramientos en la cúpula judicial mientras siga con el mandato caducado. Con siete votos a favor y cuatro en contra, el pleno del tribunal de garantías ha dado luz verde a esta reforma del Gobierno que desde marzo de 2021 impide hacer estas designaciones al órgano de gobierno de los jueces, con el mandato caducado desde diciembre de 2018 y cuya renovación ha sido varias veces bloqueada por el Partido Popular.
La decisión ha tenido los votos en contra del sector conservador: Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel presentarán alegaciones en contra de la decisión mayoritaria del pleno. Estos magistrados entienden que el CGPJ se ha visto privado de funciones “esenciales” para llevar a cabo su cometido institucional: “Se despoja al Consejo de sus funciones consustanciales”.
La reforma que hoy ha avalado sin unanimidad el Constitucional entró en vigor a finales de marzo de 2021, después de varios frenazos a la renovación del organismo por parte del partido que hoy preside Alberto Núñez Feijóo. Desde finales de 2018 hasta la reforma, el órgano de gobierno de los jueces había realizado 74 nombramientos en la cúpula judicial, 21 de ellos en las distintas salas del Tribunal Supremo donde los jueces pueden permanecer hasta su jubilación con 72 años.
La reforma encuentra así respaldo del máximo intérprete de la Constitución después de encontrar una fuerte oposición interna tanto en el propio sector conservador del CGPJ, con una composición que viene desde la primera mayoría absoluta de Mariano Rajoy, y también en el mundo de la política. Durante la última campaña electoral, Feijóo se comprometió a devolver sus competencias al Consejo para que pudiera hacer nombramientos.
La nómina de nombramientos pendientes crece mes a mes en los tribunales territoriales y, sobre todo, en el Tribunal Supremo, donde un tercio de la plantilla del organismo está pendiente de renovación. Hay más de 20 vacantes en una plantilla de menos de 80 sillones y la sala de gobierno del propio Supremo ha alertado en varias ocasiones de la situación “crítica” en la que se encuentra, con varias salas al borde del “colapso” y con la previsión de dictar unas 660 sentencias menos cada año, por ejemplo, en la sala de lo social, la que estudia conflictos laborales.
El pleno del Constitucional se ha reunido esta mañana con dos ponencias opuestas encima de la mesa. Una de ellas, la que ha salido adelante con los votos de la mayoría progresista, viene firmada por María Luisa Balaguer y apostaba por rechazar los recursos de las derechas. La segunda, del conservador César Tolosa, ponía reparos constitucionales a la reforma.
En un comunicado, el Constitucional explica que la sentencia descarta que el Gobierno y sus socios hagan un “uso fraudulento” de la proposición de ley. Sobre la limitación a hacer nombramientos estando en funciones, el pleno asegura que el CGPJ tiene que seguir capacitado para desarrollar sus funciones pero “sometidas a límites estrictos” para evitar que “comprometa la capacidad de decisión futura del gobierno del poder judicial, allí donde las decisiones a adoptar tengan un alto grado de discrecionalidad y un bajo contenido de mera gestión administrativa”.
Cinco años de bloqueo
El mandato del actual Consejo General del Poder Judicial arrancó en 2013, cuando el PP de Mariano Rajoy tenía mayoría absoluta, y terminó sobre el papel cinco años después, en diciembre de 2018. Desde entonces, el órgano de gobierno de los jueces no se ha renovado por la negativa del Partido Popular a negociar en un proceso en el que, dada la composición parlamentaria actual, el sector conservador perdería la mayoría que consiguió hace un lustro.
Es un proceso que llegó a tramitarse en el Parlamento. Los primeros candidatos a entrar en el Consejo llegaron a exponer sus trayectorias y proyectos en el Congreso.
Han sido varios los episodios en los que el PP ha decidido levantarse de la mesa. La primera fue cuando trascendió un mensaje interno entre los senadores del partido en el que Ignacio Cosidó presumía de poder “controlar la sala segunda por detrás” si Manuel Marchena era finalmente puesto al frente del CGPJ. Marchena, presidente de esa sala segunda del Supremo, renunció y el PP abandonó las negociaciones.
En otras ocasiones, bajo el mandato de Pablo Casado, la excusa aducida por el PP para no cumplir con los plazos de renovación fue un veto a Podemos y a candidatos como José Ricardo de Prada, magistrado que firmó la condena del partido como partícipe a título lucrativo en la pieza principal del caso Gürtel de corrupción política.
En la actualidad, el deterioro del CGPJ tras cinco años de bloqueo se ha traducido, además de en la ausencia de nombramientos, en la dimisión de su presidente Carlos Lesmes y la salida de una vocal progresista, Concepción Sáez. Una parte del sector conservador también protagonizó un bloqueo de varios meses a la renovación parcial del Tribunal Constitucional hasta que consiguió que el secctor progresista cambiara a su candidato.