“Persistir”. Es la palabra que empleó este jueves Alberto Núñez Feijóo para definir la actitud del PP ante el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, metido de lleno en su quinto año de mandato caducado. Ni el mensaje del jefe del Estado en la pasada Nochebuena, en el que Felipe VI habló de la “erosión de las instituciones” y reclamó “un ejercicio de responsabilidad” a “todos”; ni el inesperado acuerdo en el propio CGPJ para renovar el Tribunal Constitucional; ni los mensajes directos de la Comisión Europea, que reclaman desde hace meses una solución incondicional para el órgano de gobierno de los jueces. Nada parece hacer mella en la decisión estratégica de la derecha, implementada por Pablo Casado y continuada por Feijóo. El objetivo: robar una legislatura de representación en el Poder Judicial a la soberanía popular.
Feijóo no ha bajado ni un decibelio la inflamación dialéctica contra el Gobierno de coalición pese a que es su partido el que se niega sistemáticamente a cerrar un acuerdo para renovar el CGPJ. Este jueves, el líder del PP comparecía ante los medios para exponer su balance de 2022, así como lanzar algunos mensajes hacia 2023. “Ofrecí diálogo, recibí desprecio. Ofrecí acuerdo, recibí insulto. Ofrecí palabra, recibí engaños”, dijo ante los periodistas. “El señor Sánchez no quiere entenderse con el partido que es alternativa”, añadió, para acusar al presidente del Gobierno de emprender un “camino sin retorno a la crisis institucional”.
“Su único objetivo es quebrar el Estado”, apuntó Feijóo sobre Sánchez. Y pese a mencionar expresamente una “crisis institucional” y a decir que lamenta “todo lo que ha pasado y lo que está pasando”, sin especificar a qué se refiere, la directriz es clara: mantener el bloqueo.
Feijóo ya solo piensa en las elecciones de 2023, en las que se juega a todo o nada su futuro político. Así, el dirigente gallego anunció que presentará un “plan de calidad institucional” (sin concretar medidas) como parte del programa con el que pedirá a los españoles el voto a finales del año que viene.
Del mandato de Pablo Casado ni se habla, porque la actual dirección no se siente “vinculada” en ningún caso con el anterior presidente del PP, pese a no separarse ni un centímetro de la estrategia de bloqueo, cuando se truncó un acuerdo en 2018 por un mensaje del por entonces portavoz de la derecha en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que presumía de “controlar” la Sala Segunda del Supremo “por la puerta de atrás”. Pese a la evidencia, Feijóo ahora señala a Sánchez por querer “controlar” la Justicia.
Y sobre lo ocurrido de abril hasta ahora, negociación frustrada incluida, mucho menos: “Vamos a seguir trabajando sin engañar a nadie. Entendemos que hemos persistido y afianzado la independencia judicial. Vamos a seguir trabajando en ese camino”.
El líder gallego confirma así su intención de atrincherarse en el último refugio que le queda para mantener el control del Poder Judicial y cumplir el objetivo de aguantar toda la legislatura. Porque el acuerdo sorpresa del CGPJ para renovar el Constitucional, y el plácet unánime que han recibido los candidatos del Gobierno, pone el foco de la crisis institucional precisamente allí donde solo bloquea la firme voluntad del PP de no pactar un nuevo reparto de vocales.
Porque un nuevo Consejo General del Poder Judicial necesita del acuerdo del Gobierno y el PP. Si el Constitucional va a tener cuatro nuevos miembros es exclusivamente porque los vocales progresistas, de acuerdo con La Moncloa, acordaron transigir con el último órdago de los conservadores: romper la tradición y que fueran ellos los que eligieran a los dos candidatos, no solo a uno.
Hasta ahora, el PP se ha negado a renovarlo con una ristra de argumentos cambiantes que han ido desde que no participara en la negociación Podemos al veto de nombres propuestos por algunos candidatos del Ejecutivo, pasando por la necesidad de modificar el sistema de elección que el partido presidido por Feijóo no tocó cuando estaba en el Gobierno, las alianzas parlamentarias de Pedro Sánchez o la reforma del Código Penal.
El PP tiene además una garantía de bloqueo en la beligerancia del grupo de nueve vocales conservadores, cuya última expresión es la actitud mantenida en la negociación para la renovación del Tribunal Constitucional. Al día siguiente de que se fraguase en secreto la respuesta de los progresistas para el desbloqueo del Constitucional, ese grupo de nueve vocales reaccionó al discurso del rey no dándose por aludido. Como síntoma de lo que le espera a la renovación del CGPJ, sirva que reaccionaron al mensaje de “deterioro de las instituciones” que mencionó el rey como si no fuera con ellos.
En el sector progresista tienen clara la jugada de los otros vocales: torpedear cualquier renovación a la espera de que unas elecciones generales devuelvan el poder al PP y que los cinco años de Gobierno progresista no dejen huella en el Poder Judicial. O lo que es lo mismo, que el consenso constitucional para que las mayorías parlamentarias tengan su reflejo en el CGPJ se dé solo cuando la mayoría parlamentaria sea conservadora. Si el Poder Judicial se renovara con Feijóo en el Gobierno, ese CGPJ daría el relevo a otro que se formó con la mayoría absoluta de Rajoy.