El Constitucional estudia la norma que prohíbe nombrar magistrados al Poder Judicial bloqueado por el PP

El pleno del Tribunal Constitucional se reúne este lunes para analizar una de las consecuencias del bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial: la norma que prohíbe al órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos en altos tribunales mientras su mandato siga caducado. Los magistrados analizarán dos ponencias, una a favor de mantener la reforma y otra a favor de tumbarla tal y como piden los recursos de PP y Vox. El CGPJ, cuya renovación lleva casi cinco años paralizada por el Partido Popular, no hace nombramientos desde marzo de 2021 y algunas salas del Tribunal Supremo, entre otros organismos, denuncian que se encuentran al borde del colapso por falta de magistrados.

La reforma fue aprobada con el voto en contra de PP, Ciudadanos y Vox y puso freno a los nombramientos que el Consejo del Poder Judicial realizaba de manera casi mensual desde que su mandato caducó en diciembre de 2018. Tres años hasta su aprobación durante los cuales el Partido Popular, entonces con Pablo Casado al frente, bloqueó diversas negociaciones para renovar el organismo. Tres años, también, en los que el órgano de gobierno de los jueces, mientras tanto y con el mandato caducado, realizó 74 nombramientos en la cúpula judicial, 21 de ellos en las distintas salas del Tribunal Supremo donde, salvo renuncia, los jueces permanecen hasta su jubilación.

PP y Vox llevaron la reforma ante el Tribunal Constitucional y el pleno tiene previsto dejar zanjado el caso este lunes. Encima de la mesa está la ponencia de la progresista María Luisa Balaguer, que aboga por rechazar el recurso de la extrema derecha, y la del conservador César Tolosa, que apuesta por anular la norma y estimar el recurso del partido de Alberto Núñez Feijóo. El rechazo de los recursos, que medios como El País afirman que será el resultado de la votación, dejaría la situación como está. Su estimación permitiría al Consejo, que mantiene la mayoría conservadora de la primera legislatura de Mariano Rajoy, realizar todos los nombramientos que tiene pendientes y acumulados desde hace tres años y medio.

El recurso de la extrema derecha, presentado entonces por Macarena Olona, alegaba que la medida era una “farsa y comparsa” con el objetivo de “paralizar los nombramientos de los jueces”. El del PP, además, afirmaba que la tramitación parlamentaria de la reforma había sido defectuosa, vulneraba el principio de independencia judicial y también la reserva de la Constitución para regular el órgano de gobierno de los jueces.

El mandato del actual Consejo terminó en diciembre de 2018 y desde entonces y hasta marzo de 2021 el organismo presidido hasta hace un año por Carlos Lesmes siguió realizaron nombramientos: 21 en el Tribunal Supremo y otros 53 más en tribunales territoriales de todo el país. Presidencias de audiencias provinciales, de tribunales superiores y sus distintas salas. Entre ellos la renovación de tres puestos en la sala de lo penal que preside Manuel Marchena, donde se juzga a los aforados.

La renovación del CGPJ, después de que su actual mandato terminara en 2018, ha sido bloqueada en varias ocasiones por el partido que ahora preside Alberto Núñez Feijóo. En una de las ocasiones las negociaciones saltaron por los aires después de que trascendiera que, internamente y a través de WhatsApp, el senador Ignacio Cosidó presumía de que pactar la presidencia de Manuel Marchena les permitía ejercer algún tipo de control sobre la sala de lo penal. En otras ocasiones el motivo aducido por el PP para no sentarse a la mesa fue un veto a Podemos y a candidatos a vocal como el juez José Ricardo de Prada.

Situación “crítica” en el Supremo

Dos años y medio después de la entrada en vigor de la reforma que estudia estos días el Constitucional, la lista de huecos que ha quedado en el Tribunal Supremo afecta a una tercera parte de la plantilla. Tanto las distintas salas como la propia sala de gobierno del tribunal han alertado en diversas ocasiones del riesgo de colapso en un tribunal con 79 sillones y, tras diversas jubilaciones, más de 20 vacantes.

El pasado mes de enero, en uno de estos comunicados, el Supremo pidió al Congreso y al Senado un “remedio inmediato” al “colapso”, cuantificando las consecuencias: en 2023 la sala de lo social dictará, por ejemplo, 660 sentencias menos que el año anterior. La sala que, sobre todo, resuelve conflictos entre trabajadores y empresas o entre trabajadores y la Seguridad Social, recurriendo despidos o reclamando cantidades de dinero por pensiones. En esa sala hay cinco vacantes de un total de 13 miembros.

La sala de lo contencioso-administrativo, según esa última comunicación, cuenta con 10 vacantes del total de 33 asientos. La situación de estos dos departamentos, destacó entonces el propio Tribunal Supremo, es “crítica”. Las peticiones, ante la imposibilidad legal de hacer los nombramientos, se han dirigido a reclamar refuerzos en los gabinetes técnicos de las salas afectadas con magistrados que trabajen como letrados.

Segunda reforma recurrida

El bloqueo a la renovación del órgano de gobierno de los jueces se ha traducido en dos reformas legales: la que cortó el grifo de los nombramientos y la que se puso en marcha a finales del año pasado para intentar desbloquear la renovación parcial del Tribunal Constitucional. La primera contó con oposición interna del sector conservador del CGPJ, que llegó a reclamar la intervención de las autoridades comunitarias, y la segunda que fue paralizada en el Parlamento por el propio Tribunal Constitucional.

Esa segunda reforma, también pendiente de aval por el tribunal de garantías, nació para sortear el bloqueo que el sector conservador del CGPJ ejerció sobre la renovación parcial de cuatro sillones del Constitucional. Fue hace un año cuando llegó el momento de que Gobierno y Consejo nombraron, cada uno, a dos nuevos integrantes del tribunal y el sector conservador del órgano de gobierno de los jueces rechazó a los candidatos del sector progresista hasta que, al final, cedieron al renunciar a José Manuel Bandrés y nombraron a María Luisa Segoviano.

Esa reforma, por el camino, fue recurrida por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional y la mayoría conservadora, incluyendo a los magistrados cuyo futuro dependía de esa reforma y esa renovación, paralizó su tramitación de forma cautelar.

La sentencia que salga del pleno de esta próxima semana decidirá si el Consejo del Poder Judicial puede volver a nombrar a magistrados de la cúpula judicial, no solo en el Tribunal Supremo sino también en tribunales territoriales. Entre las Audiencias Provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia, las vacantes en sus órganos de gobierno superan ampliamente el medio centenar.