“Queremos garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico y evitar que el Govern haga listas de trabajadores públicos con intencionalidad política”, ha expuesto García, ha informado Cs en un comunicado.
Con la iniciativa, la formación naranja quiere “proteger a los funcionarios y empleados públicos de las presiones” que Cs asegura que reciben de cara al 1-O, puesto que reclama el compromiso de los consistorios a reconocer que las leyes anuladas o suspendidas por el Tribunal Constitucional --como la Ley del Referéndum-- no tienen vigencia.