En un comunicado, el sindicato de la función pública dictamina que la nueva norma también discrimina a los empleados públicos respecto del resto de trabajadores en materia de exenciones de estas tasa, que se eleva así hasta al 60% en segunda instancia y en la casación para el resto de empleados.
Además, detalla que la cuantía de la tasa en segunda instancia y casación es “sensiblemente superior” para los funcionarios. Así, un funcionario pagaría 600 euros de más en segunda instancia y 900 euros a mayores en casación.
Finalmente, aunque no es el objeto de esta norma, CSI-F critica que el Gobierno regula a través de la disposición final cuarta las especificidades de la paga extra de Navidad para el colectivo de empleados públicos adscritos en el régimen de clases pasivas (Muface, Mugeju e Isfas), que deberán cotizar por la citada paga extra aunque no la cobren.
“El 'tasazo' del ministro Gallardón confirma la cotización de los funcionarios por la paga extra de Navidad aunque no la cobren”, denuncian desde la central sindical.