Los castellanistas consideran que existen indicios delictivos en la contratación en 2013 por decisión del regidor municipal del concejal del PP en el Ayuntamiento de Caleruega, Sabiniano Martínez, incumpliendo así la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y la legislación vigente en materia de personal.
Asimismo, apuntan que desde que Sabiniano Martínez obtuvo el contrato municipal ha apoyado en todas las votaciones las propuestas del equipo de Gobierno local, que preside José Ignacio Delgado, “anulando así a la oposición”.
Por otro lado, el PCAS ha denunciado ante la Fiscalía el convenio establecido entre el Ayuntamiento de Caleruega y la empresa Castilla a Caballo S.L., que estipula la cesión de uso mediante arrendamiento por diez años de una serie de fincas rústicas de propiedad municipal, sin especificar las cantidades a abonar por dicho arrendamiento.
Los denunciantes consideran que el convenio es contrario a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas al otorgar a una empresa con ánimo de lucro una “situación de privilegio” para el uso de bienes públicos, sin habilitar ningún tipo de procedimiento o concurso público, y resaltan las “notables vinculaciones” entre el responsable de la empresa, Miguel Cebrecos, y el alcalde del municipio.
Finalmente, el PCAS ha puesto en conocimiento de la Fiscalía el hecho de que la actual secretaria del Ayuntamiento de Caleruega, Raquel Díez, haya avalado las citadas “irregularidades” y la vinculación familiar de ésta con el número dos de Ciudadanos a las Cortes de Castilla y León por Burgos, Julián Ruiz.