Mariano Rajoy nunca ha tenido la menor intención de reformar la Constitución. El problema es que ni el Gobierno ni el PP pueden decirlo así. Tras años negándose a abordar los cambios, el Gobierno ha anunciado que se iniciará próximamente el estudio en el Congreso, pero sin dar fecha. El pacto tácito entre el presidente del Gobierno y el de la gestora socialista es retrasar la discusión hasta que haya una nueva dirección en Ferraz, lo que supone esperar hasta un congreso que se celebrará en torno al verano.
Con 38 años de edad, la llamada ley de leyes fue votada en el referéndum de 1978 por los que tenían entonces los 21 años cumplidos. Ahora los que tiene 59 años o más son 11,8 millones de los casi 46 millones y medio que forman el censo actual, lo que supone uno de cada cuatro españoles.
El PP lleva años acogiéndose al “miedo a la precipitación” para justificar el retraso y apela a la necesidad de un consenso previo para lo que llaman, “abrir el melón” de reformar la Carta Magna. La pelea política en materia territorial siempre ha servido de excusa y la mengua de escaños del PP en las últimas elecciones no ha hecho más que acrecentar ese temor.