Según recoge la disposición de la Conselleria de Gobernación, las elecciones al Parlament del 25 de noviembre de 2012 expresaron “la voluntad mayoritaria de los catalanes y catalanas de decidir libremente su futuro”, algo que considera que fue reafirmado por las elecciones del pasado 27 de septiembre de 2015.
El texto subraya que más de dos millones de personas dieron su voto a partidos que defienden la celebración de un referéndum y el derecho a la autodeterminación, lo que se ha traducido en amplios acuerdos en el Parlament pidiendo la celebración de la consulta.
“Todo ello ha ido acompañado de una importante movilización ciudadana que se inició en 2010 y que ha sacado a la calle a millones de personas reclamando la independencia” y agrupando a parte de la sociedad civil en torno al Pacte Nacional por el Referèndum.
“En un manifiesto reciente, también un numeroso grupo de juristas de prestigio sostenía que celebrar un referéndum es perfectamente posible en un estado democrático y de derecho si se hace una lectura adecuada y abierta del marco legal”, según señala el texto, por lo que añade que la Constitución no puede ser un muro para una solución política.
Por ello, la Generalitat abre “la petición formal al Gobierno de España de iniciar lo antes posible una negociación que permita definir conjuntamente los términos y las condiciones de este referéndum”.