En un comunicado conjunto impulsado por el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, los exdirigentes catalanes exponen que los líderes independentistas serán previsiblemente trasladados a prisiones madrileñas “a más de una hora de distancia de la sede de la Audiencia Nacional y de sus calabozos”, donde presumiblemente aguardarán sus comparecencias ante el Supremo.
Eso dificultará el contacto con sus letrados y limitará, “sin razón legal, su participación activa en su propia defensa, de manera que se restringe innecesariamente este derecho”, algo que, además, auguran que ocurrirá durante varios meses.
Asimismo, señalan que la prisión preventiva a la que están sometidos buena parte de los investigados por el 1-O “tiene unas causas tasadas en el ordenamiento jurídico español que no siempre se interpretan en sus justos límites, lo que la convierte, de hecho, en una pena anticipada”.
Los expresidentes han destacado que el traslado de los presos a centros catalanes ha facilitado la preparación de su defensa, pero que la prisión preventiva “vulnera el derecho a la libertad individual y el derecho a la presunción de inocencia” y entorpece el derecho de defensa.