La fragilidad del Estado de derecho en Nicaragua es “uno de los problemas más graves” para los inversionistas de Estados Unidos, afirmó hoy la embajadora de este país en Managua, Laura F. Dogu.
“Uno de los problemas más graves para los inversionistas de los Estados Unidos es la parte del Estado de derecho en Nicaragua”, dijo Dogu a periodistas tras reunirse con miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), para abordar este y otros temas locales.
La representante estadounidense especificó que el principal problema con el Estado de derecho en Nicaragua está relacionado con la propiedad.
“He hablado con varias empresas que quieren venir a Nicaragua a invertir y, por razones de Estado de derecho, especialmente enfocado en propiedad, ellos no quieren invertir, porque no hay confianza en que pueden comprar una tierra aquí para hacer cualquier tipo de actividad”, afirmó.
Dogu se refirió a casos de ciudadanos estadounidenses que “han recibido una decisión a su favor en la Corte Suprema de Justicia y todavía no pueden tener su propiedad otra vez”.
La diplomática dijo no recordar la cantidad exacta de estadounidenses con problemas de propiedad en Nicaragua, sin embargo, señaló que “hay bastantes”.
En 2015 Estados Unidos levantó restricciones legales relativas a la asistencia bilateral y al apoyo para la concesión de préstamos internacionales a Nicaragua, luego de que el país centroamericano resolviera más de 3.000 reclamos de ciudadanos estadounidenses a quienes el Gobierno sandinista de los años 80 confiscó sus propiedades, lo que fue conocido como “waiver de la propiedad”.
Los reclamos que están sin resolver y que, según Dogu, causan temor entre los inversionistas de Estados Unidos no forman parte del “waiver” porque no fueron confiscados por Nicaragua en la década de 1980.
Actualmente el país centroamericano cuenta con el Centro de Mediación y Arbitraje, administrado por la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), para resolver los casos, sin embargo, su presidente, Rosendo Mayorga, afirmó que quienes más recurren a esta vía son las grandes empresas y en menor medida los ciudadanos particulares.