Todas las operaciones de endeudamiento de Cataluña necesitan ser autorizadas por el Consejo de Ministros desde el acuerdo de septiembre por el que el Gobierno impuso controles reforzados a la Generalitat de Cataluña.
La renovación de dichas líneas de crédito tiene por finalidad preservar la estabilidad financiera y “el normal funcionamiento de los servicios públicos” en esta comunidad.