El Gobierno considera “oportuna y justa” la decisión del juez Pablo Llarena de cursar una orden europea de detención y entrega contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido en Bélgica, horas después de que el Tribunal Supremo haya dictado la sentencia del “procés”.
Así lo han indicado a EFE fuentes del Gobierno que consideran que la decisión del juez demuestra que la justicia debe ser igual para todos y que si unos líderes independentistas han sido juzgados y condenados por el procés, también lo deben ser los que se encuentran huidos.
El Ejecutivo confía en que gracias a esta euroorden Puigdemont pueda ponerse a disposición de la justicia cuanto antes.
Fuentes jurídicas han confirmado a EFE que el magistrado instructor de la causa en el alto tribunal ha activado el mecanismo para solicitar la entrega del expresident, al que Alemania rechazó extraditar por rebelión durante la instrucción del “procés”.
El Tribunal Supremo ha condenado a trece años de cárcel a Oriol Junqueras y a penas de hasta doce años a Carme Forcadell, los Jordis y a cinco exconsellers por sedición y malversación, en tanto que ha absuelto de malversación a los tres acusados en libertad -Santiago Vila, Meritxel Borràs y Carles Mundó-, que no irán a prisión.