El Gobierno no oculta la euforia por el pacto alcanzado en la UE para el reparto de los fondos de reconstrucción, que supondrán para España una inyección de 140.000 millones de euros -de los que 72.700 serán transferencias directas-, y aprovecha para trasladar la presión al PP para que secunde el proyecto presupuestario en el que se plasmarán los planes que podrán activarse con ese dinero. “Si este acuerdo no allana el camino por completo, sí es determinante sino definitivo”, ha expresado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, sobre los presupuestos.
El argumento del Ejecutivo es que no tiene sentido que España solicite fondos a Europa, se celebre su puesta en marcha por el conjunto de las fuerzas políticas y que luego no permitan llevar a la práctica las reformas e iniciativas que se pretenden impulsar con ese dinero extra. “Sería como despreciar esa capacidad económica que ha puesto la UE”, ha señalado Montero. Por eso la ministra de Hacienda considera que el resto de formaciones políticas debe avenirse a negociar los Presupuestos Generales del Estado de 2021 que reflejarán esos proyectos.
“Presentaremos el proyecto a la mayor brevedad, esperamos que sea apoyado por la gran mayoría de partidos incluido el PP la vocación es llegar a acuerdos con las principales fuerzas políticas”, ha afirmado Montero, que pretende registrar las cuentas públicas en tiempo y forma, es decir, a finales de septiembre. Para el Gobierno el acuerdo suscrito en el Consejo Europeo supone un espaldarazo para llevar a cabo su plan de acción.
Montero ha descartado que el acuerdo de la UE ponga cuesta arriba la promesa de derogar la reforma laboral y ha explicado que no forma parte de las condicionalidades impuestas por los 27. “Todas las recomendaciones que se han discutido son las que ha tomado nota el Gobierno”, ha dicho Montero, que ha recordado que las cuestiones relativas a la normativa laboral fueron “pretensiones” de algunos países, en referencia a Holanda, pero que quedó fuera de las normas impuestas en el marco del acuerdo.
“Nosotros tomaremos en cuenta todas las recomendaciones y seguimos con nuestro calendario hoja de ruta adaptado, eso sí, a las condiciones de la situación sanitaria, pero las perspectivas y proyectos que este Gobierno quiere llevar a cabo lo hará en el marco del diálogo social”, ha proseguido Montero, que estaba visiblemente contenta por el acuerdo.
Montero, que tiene una batalla abierta con los alcaldes por el superávit de las entidades locales, ha asegurado que el clima de acuerdo que ha salido de la UE debe trasladarse a otras instituciones, entre las que ha incluido la FEMP o el Congreso -por la negociación de los pactos de reconstrucción-. Aún así, se ha mostrado confiada en que los ayuntamientos acabarán transigiendo.
“Se han ido variando o incorporando algunas cuestiones a la propia propuesta que se entregó a la FEMP”, ha desvelado la ministra de Hacienda sobre el documento que se envió a los alcaldes la semana pasada y que rechazaron mayoritariamente, obligando al presidente de la FEMP, Abel Caballero, a suspender una reunión de la Junta de Gobierno y aplazarla a esta semana. También el Gobierno tuvo que retrasar su plan de aprobar el decreto ley para desbloquear el superávit que tenia previsto para este martes. “Es un proceso dinámico que vamos trabajando y que espero que culmine con un acuerdo favorable por parte de la FEMP. Hemos ido incorporando algunas cuestiones para facilitar ese acuerdo”, ha sentenciado Montero, que ha asegurado, no obstante, que el grueso de la propuesta sigue vigente: que los consistorios presten sus ahorros al Estado a cambio de un ingreso no financiero de 5.000 millones entre 2020 y 2021 para poder invertir en agenda urbana y movilidad, sistema de cuidados y cultura. El resto se les devolvería en un plazo de diez años. Los alcaldes, que plantearon por unanimidad que se les dejara gasta la “totalidad” del remanente de tesorería, rechazan a priori esa propuesta.