La Abogacía General del Estado, que defiende a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, exigió hoy a la Corte Suprema la “nulidad” del proceso que mañana puede suspenderla del cargo durante 180 días y llevar luego a su destitución.
La demanda, presentada en vísperas de que el Senado defina el futuro de Rousseff, fue dirigida al Supremo por el abogado general José Eduardo Cardozo y reitera los argumentos que la defensa ha esgrimido sin ningún éxito durante los últimos meses.
Uno de los principales apunta a un presunto “desvío de finalidad” cometido en diciembre pasado por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, un declarado adversario de Rousseff que aceptó a trámite las denuncias contra la mandataria.