En un escrito dirigido a la Sala de lo Penal del Supremo, la Fiscalía considera que los indicios de prevaricación “no son lo*suficientemente consistentes ni aportan un nivel suficiente de solidez” mientras que el presunto cohecho habría prescrito.
La portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha subrayado, preguntada por este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que “en todo momento este Gobierno ha dicho que no da órdenes a la Fiscalía”.
Celáa también ha sido interpelada por la decisión de la jueza de Madrid que investiga el 'caso Máster' de ampliar sus pesquisas a la dimitida ministra de Sanidad, Carmen Montón, cuyo máster cursado en el extinto Instituto de Derecho Público de la URJC está bajo sospecha al igual que el de Casado y la también dimitida presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Sobre Montón, la portavoz se ha limitado a trasladar el “absoluto respeto” del Gobierno a las decisiones judiciales como corresponde en “un Estado social y democrático de Derecho”.