“Si la Generalitat no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, no parece que sea necesario requerir al Tribunal Constitucional ni a los jueces y tribunales porque no hay infracción”, ha afirmado Catalá recordando que la providencia del Alto Tribunal se dirigía al Gobierno catalán.
En este sentido, ha manifestado que si la Fiscalía o algún particular identifica una actuación que viole el ordenamiento jurídico puede acudir a los tribunales y ha añadido que los servicios jurídicos del Estado se centran en estudiar si la Generalitat u otra administración pública incumple la decisión del tribunal de garantías. “Sería contrario al mandato del Tribunal Constitucional”, ha agregado.
En la Conferencia Sectorial de Justicia, en la que ha estado ausente el consejero catalán, el ministro ha recordado que la Generalitat no puede impulsar el proceso participativo puesto que el objeto de la consulta afecta a la soberanía nacional y excede de sus competencias autonómicas.