El Gobierno autonómico se compromete a garantizar el cumplimiento de las medidas impuestas por la Audiencia Nacional y a informar al Ministerio de Justicia, a los órganos judiciales, a la Fiscalía y a los cuerpos policiales de las incidencias que afecten de manera relevante al cumplimiento de las resoluciones judiciales.
Por su parte, el Gobierno español pondrá a disposición del Gobierno vasco toda la información relativa al menor penado y se encargará de abonar los costes de la gestión de las penas. Cuando las medidas no sean privativas de libertad abonará siete euros por menor y día. En el caso de que las medidas sean privativas de libertad, abonará 269,69 euros por menor y día. En el convenio se establece un máximo anual de 10.000 euros.
JUSTICIA JUVENIL
El Gobierno vasco destinará el próximo año 13 millones de euros a los servicios y centros de Justicia Juvenil en Euskadi, destinados a la reinserción plena de los menores infractores.
En Euskadi hay 14 centros y servicios educativos de Justicia Juvenil, atendidos por un total de 228 personas. Además, el Ejecutivo dispone de un equipo psicosocial, integrado por profesionales de la educación social, psicología y trabajo social que trabaja desde el momento que una persona menor de edad entra en un tribunal.