El gobierno de la Generalitat ha acusado este sábado al fiscal de “extralimitarse en sus funciones” y violar el Estatut y la ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad, al plantear que los Mossos d'Esquadra pasen a ser coordinados por el Ministerio del Interior para impedir el referéndum del 1 de octubre.
El fiscal Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, ha ordenado que el Ministerio del Interior, a través de su Secretaría de Estado, asuma la coordinación de todas las actuaciones de Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional para impedir el 1-O.
Fuentes de la Generalitat han explicado a Efe que con esta orden “el fiscal se extralimita en sus funciones”, porque “una cosa es ordenar a una policía judicial” una actuación concreta y otra es “decidir a quién debe dar órdenes”.
La iniciativa tomada por el fiscal, señalan desde el Govern, “se salta el artículo 164 del Estatut”, que establece que “corresponde a la Generalitat el mando supremo” de los Mossos y “la coordinación de la actuación de las policías locales”.
Según las fuentes consultadas, el propósito del fiscal también choca con la ley orgánica 2/1986 de fuerzas y cuerpos de seguridad, ya que “la vigilancia de espacios públicos y la seguridad corresponde a los Mossos”.
Además, “no han hecho un decreto ley previo preceptivo”, por lo que el Govern sopesa impugnar la instrucción ante la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El gobierno de la Generalitat también estudia presentar un incidente competencial ante el Tribunal Constitucional, aunque antes de tomar una decisión encargará un informe jurídico.