El Estado brasileño aún tiene “mucho trabajo” por hacer y debe esforzarse más para reparar a las víctimas de la dictadura militar que imperó en el país entre 1964 y 1985, afirmó este miércoles Luciano Hazan, miembro del Grupo de trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
“Hay mucho trabajo por hacer en relación a la reparación de las víctimas” de la dictadura militar brasileña, señaló el experto argentino en un simposio celebrado en Sao Paulo.
Hazan participó este miércoles en el seminario “Violencia de Estado e Impunidad”, organizado por el Colegio de Abogados de Brasil, con el apoyo del Instituto Vladimir Herzog.
En el coloquio, expertos nacionales e internacionales analizaron en qué estado de implementación se encuentran las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Verdad, que investigó los crímenes ocurridos durante la dictadura que perduró durante 21 años en el país suramericano.
Hazan, quien durante una década trabajó como abogado en la Asociación Abuelas de la Plaza de Mayo, en Argentina, sostuvo que Brasil “está lejos de cumplir con las recomendaciones” de la Comisión Nacional de la Verdad, divulgadas hace cinco años.
“Entiendo la reparación de manera integral, que debe incluir no solo indemnizaciones, sino también justicia y memoria”, por lo que un buen punto de partida sería que Brasil “empezara a cumplir esas recomendaciones”, indicó.
En este sentido, el experto argentino dijo que el Grupo de trabajo de la ONU del que hace parte ha recomendado muchas veces “a funcionarios públicos y líderes políticos el desarrollo de políticas de memoria, no repetición y de acompañamiento y homenaje a las víctimas”.
También señaló que para ello es necesario que haya “voluntad política” por parte de los Gobiernos con la idea de colocar a las víctimas en el centro del debate.
Preguntado sobre si percibe esa disposición en el actual Gobierno de Jair Bolsonaro, Hazan evitó pronunciarse al respecto.
Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército y líder de la extrema derecha en Brasil, niega que haya habido una dictadura y llegó a calificar de “héroe nacional” al fallecido coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, quien fue jefe en Sao Paulo del organismo castrense señalado de torturar hasta la muerte a varios presos políticos durante ese periodo.
Según un informe presentado en 2014 por la Comisión de la Verdad que investigó las violaciones de derechos humanos en ese periodo, la dictadura dejó 434 muertos y desaparecidos.
Asimismo, el informe detalló en sus 4.500 páginas miles de casos de persecuciones y torturas y citó como responsables a 377 agentes de la dictadura, de los que un gran número de ellos aún sigue con vida.
Los acusados, sin embargo, no pueden ser llevados a tribunales debido a una Ley de Amnistía, dictada en 1979 por el propio régimen, que amparó a represores y guerrilleros y cuya constitucionalidad fue ratificada en 2010 por el Tribunal Supremo.