Hacienda detecta incrementos de precio que “incumplen la normativa” en contratos de obra investigados en el caso contra Cerdán
La unidad de apoyo de la Intevención General de la Administración del Estado (IGAE) adscrita a la Fiscalía Anticorrupción ha estudiado un total de once contratos de obra pública, de los cuales cinco fueron adjudicados por ADIF y seis por el Ministerio de Transportes y la Dirección General de Carreteras. Del primer grupo, el órgano de control del sector público indica en su informe remitido a la Audiencia Nacional que en tres de ellos, que fueron otorgados a Acciona Construcción individualmente o en UTE con Ferrovial Agroman, se dieron modificaciones que supusieron “un incremento del precio del contrato ligeramente por debajo del 20% y en los tres casos esa modificación incumple la normativa” vigente.
Así consta en el informe remitido al magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, en el marco del caso en el que se investiga tanto a los ex secretarios de Organización del PSOE Sántos Cerdán y José Luis Ábalos como al que fuera asesor ministerial del segundo, Koldo García.
Este nuevo informe unido a la causa, y al que ha tenido acceso elDiario.es, explica que en esos tres primeros contratos analizados que afectan a ADIF el contratista “puso de manifiesto una serie de defectos” que determinaban que se tuviera que tramitar una modificación del proyecto. Así, en el caso del proyecto de soterramiento de la red ferroviaria en la ciudad de Murcia se tramitó y aprobó el 29 de marzo de 2021 una modificación del contrato por importe de 31,3 millones de euros, lo que supuso un coste adicional del 19,72%.
Explica que el importe de las modificaciones no sustanciales -contempladas en la normativa- fue de más de 14 millones, algo “superaba el umbral establecido” por la la ley 31/2007 que fijaba el tope en 5,5 millones de euros. Y añade que “al menos los 17,3 millones de la descontaminación de suelos de la Estación El Carmen no eran imprevisibles”. Por eso, la IGAE entiende que esa propuesta de modificaciones de la constructora debería haber conllevado “la resolución del contrato”.
Además, resalta que los soterramientos de Barriomar y Nonduermas debieron tramitarse dentro del proyecto de Murcia y no como independientes. “Seguramente el hecho de tramitarlo como proyecto independiente se debió a que, si se tramitaba como modificado, las modificaciones superarían el 20% del contrato primitivo”.
En cuanto a los proyectos de la cobertura de las vías del ferrocarril a su paso por el núcleo urbano de Sant Feliu de Llobregat (licitado en 68 millones) y el proyecto de construcción de la plataforma de Alta Velocidad Murcia-Almería que comprendía el tramo Pulpi-Vera (licitado por 170 millones) , la IGAE explica que también sufrieron modificados por parte de Acciona que elevaron el precio un 19,83%, evitando así superar el 20% que habría conllevado un dictamen preceptivo del Consejo de Estado y sería causa de resolución del contrato.
Sobre el contrato para la ejecución de obras del tratamiento de infraestructuras como puentes y túneles de dos tramos de la vía Monforte-Lugo, y que fue adjudicado a la UTE conformada por Obras Públicas y Regadíos (OPR) y a ASCH Infraestructuras y Servicios por 7,3 millones de euros, explica que tuvo un incremento del precio por modificaciones posteriores del contrato de 896.449 euros. Se fija, además, en que determinados presupuestos relacionados con esa obra se elaboraron “a tanto alzado, sin mediciones detalladas” y que “los precios son redondos en miles de euros, lo que dificulta la certificación y el control del gasto”.
Los contratos de carreteras
En los contratos investigados que están ligados a la Direción General de Carreteras, la IGAE señala que en los dos otorgados a Acciona se detectan también incrementos similares a los de Adif por modificados y siempre sin pasar el 20% del precio inicial. Además, encuentra excesos de mediciones en las obras de la autovía A-32 que supusieron un incremento de 3,3 millones, y modificaciones no sustanciales que superaron el umbral permitido en la A-68 y que elevaron el coste en 7,5 millones.
Sobre el proyecto de construcción de los tirantes del Puente del Centenario de la SE-30 de Sevilla, una de las adjudicaciones que aparecía en los audios incautados al exasesor Koldo García, la IGAE resalta que se licitó por 88 millones de euros y que fue adjudicada a una UTE conformada por Acciona y otras dos constructoras. Tras analizar el caso, indica que sufrió una modificación en junio de 2023 que supuso un incremento de 13 millones y que parte de ese sobrecoste viene derivado de sustituir el acero laminado estructural S355 presupuestado inicialmente por otras unidades de acero laminado estructural autopatinable S460, que eran el doble de caras. Y lamenta que el precio de esas nuevas láminas se calculó utilizando precios de mercado de junio de 2022 mientras que por ley debía haberse hecho con los precios a fecha de adjudicación del contrato (mayo de 2021).
Por último, sobre la ejecución de operaciones de conservación en la provincia de Teruel que fueron adjudicadas a una UTE en la que estaba otra de las constructoras investigadas, Levantina de Ingeniería y Construcción, la Intervención General explica que ésta obtuvo la puntuación más alta en juicio de valor de las 31 empresas que se presentaron a concurso, y que obtuvo el tercer puesto en los criterios basados en fórmulas. Además, explica que ese contrato no tuvo modificaciones aunque sí dos prórrogas ya previstas en los pliegos de la adjudicación.