La ONG Human Rights Watch (HRW) advirtió hoy que el blindaje jurídico a los acuerdos de paz que firmen el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC implica “una merma al estado de derecho colombiano”.
“Restringir las facultades y atribuciones del Congreso condicionando su actuar a una autorización del Ejecutivo y limitar el examen constitucional simplemente a cuestiones procesales es una merma al estado de derecho colombiano”, dijo a los periodistas en Bogotá el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
El representante de HRW asiste hoy en la Alcaldía de Bogotá a la presentación del libro del dirigente opositor venezolano Leopoldo López, “Preso pero libre”, con la presencia de la esposa del autor, Lilian Tintori.
El Gobierno y las FARC acordaron el pasado 11 de mayo en La Habana, sede de las negociaciones de paz, que el futuro pacto para acabar con el conflicto tendrá la consideración de “acuerdo especial”, por lo que pasará a formar parte del llamado “bloque de constitucionalidad” en el ordenamiento jurídico colombiano.
Esto significa que se incorporará al derecho interno por medio del Acto Legislativo para la Paz, proyecto en trámite en el Congreso desde el año pasado y que anoche fue aprobada en el penúltimo de ocho debates por la Cámara de Representantes.
Para Vivanco, esta situación es “de la mayor gravedad”, pues “se cierran puertas a instituciones democráticas como el Congreso y la Corte Constitucional”.
El activista recordó también que el acuerdo de paz con las FARC debe ajustarse a los tratados internacionales en materia de derechos humanos que Colombia ha ratificado.
Vivanco se ha mostrado crítico a lo largo de todo el proceso de paz colombiano porque considera que por ejemplo lo acordado en el punto de víctimas no garantiza justicia y deja abierta la puerta a la impunidad.