A juicio de los letrados Miquel Roca y Jesús María Silva, cada uno de los concejales personados debería ejercer la acción popular bajo una misma representación letrada, de conformidad con la Ley vigente y ante la “palmaria 'vis atractiva' de un proceso con la repercusión mediática” como sucede en el caso Nóos, “en el que van apareciendo a cuentagotas sucesivas personas o entidades interesadas en ejercer la acusación popular”.
Y es que, según advierten los abogados, admitir “a estas alturas del procedimiento que cada ciudadano que desee personarse pueda actuar con su propia representación procesal y una dirección letrada autónoma, viola el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y representa un peligro serio de padecer retrasos indebidos en la tramitación de la causa”.