El secretario de Organización de IULV-CA, Toni Valero, ha recordado hoy que su formación ya advirtió que la adjudicación de la mina de Aznalcóllar por parte de la Junta había sido “fraudulenta” y ha subrayado que fue “la primera decisión que tomó el Gobierno después de expulsar a Izquierda Unida”.
En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento y preguntado por el auto de la titular del juzgado de instrucción 3 de Sevilla en el que reprocha a la Junta que concediera la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) sin “el más mínimo rigor”, el dirigente de IU ha señalado que su formación ya denunció “por dónde iban los tiros con esa empresa”.
“Es muy ilustrativo que la primera decisión que toma un Gobierno después de expulsar a IU sea una adjudicación fraudulenta, y eso lo dice todo”, ha dicho Valero, que ha recordado que en el tiempo en el que la coalición de izquierdas formó parte del Ejecutivo andaluz “no hubo ningún caso de corrupción”.
Según ha resaltado, fue “a los tres días de expulsar a IU” cuando la Junta tomó la decisión de adjudicar la mina en favor de la entidad Minorbis-Grupo Méjico (filial de Magtel), algo que IU “ya estaba poniendo en cuestión y denunciando por dónde iban los tiros con esa empresa, que ha sido denunciada también por crímenes contra el medio ambiente” y en la que se produjo un vertido tóxico en 1998.
La juez Patricia Fernández, que se ha pronunciado tras la denuncia presentada por Emerita Resources España SLU, una de las dos empresas que accedieron a la fase final del concurso, mantiene en su auto que no se ha apreciado que la entidad ganadora “cumpliese las exigencias mínimas, ni siquiera, para superar la primera fase del concurso de adjudicación”.
Por ello, la instructora considera “imprescindible” que la Policía tome declaración a los responsables de que Minorbis no fuese excluida en la fase inicial del concurso, entre ellas a la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio.